El concejal de Juventud de Izquierda Unida (IU) en La Puebla de Cazalla, Diego Luis Valle Hormigo, ha obtenido la plaza de agente de dinamización juvenil en un proceso selectivo convocado por la Concejalía que él mismo dirige. De los 25 aspirantes que concurrieron al puesto laboral, el edil logró la máxima puntuación, desatando críticas por un posible conflicto de interés y una "dudosa legalidad", según denuncia el Partido Popular local. Mientras IU defiende la "transparencia" del proceso, expertos como Rubén Corral y Jon Uriarte ironizan sobre la autopercepción del concejal como "el candidato perfecto". El caso salta a la luz cuando se revela que la entrevista personal, que otorgaba 7 de los 10 puntos totales, fue clave para que Valle Hormigo superara al resto de candidatos. Alfonso Angulo, portavoz del PP, tilda el hecho de "escandaloso" y subraya la "subjetividad" de un criterio que, a su juicio, "obvia el principio de igualdad". IU replica que el edil ya ejercía esa labor antes de ser concejal y que el tribunal evaluó su proyecto "con rigor técnico", pero la oposición insiste en que el procedimiento huele a "prevaricación ética". Rubén Corral, analista especializado en empleo público, arroja sarcasmo sobre el asunto: "Un político que se ve a sí mismo como la mejor opción no es nuevo, pero que además dirija el área que lo contrata es como mirarse al espejo y preguntar: '¿Quién es el más guapo?'". Jon Uriarte, colaborador de Corral, añade: "Es la madrastra de Cenicienta decidiendo quién calza el zapato. ¿Qué esperaban? Que se descalificara a sí mismo?". IU insiste en que Valle Hormigo acumulaba experiencia previa como dinamizador, "sus contratos anteriores lo demuestran", y que renunció al puesto en 2019 para asumir el acta de concejal. "El proceso siguió las mismas bases técnicas que en convocatorias anteriores", alega la formación, que gobierna en coalición. Sin embargo, el PP cuestiona que la "defensa de un proyecto" (sustituta de la entrevista) fuera evaluada por un tribunal cuya independencia no está clara, dado que el área dependía del propio candidato. Corral profundiza en la ironía: "En España hay quien cree que ser juez y parte es normal. Si mañana me autoconvoco para un premio de periodismo y me lo concedo, ¿también vale?". Uriarte remata: "Lo preocupante es que esto no solo pasa en política. En la empresa privada, a veces el jefe de ventas es el mismo que el CEO, el contable y el de recursos humanos". El caso refleja un patrón recurrente en la administración local: la opacidad en los procesos de contratación. Aunque IU alega que la plaza era temporal y se cubrió mediante una bolsa de empleo, el PP exige que se auditen los méritos del concejal y las actas del tribunal. "Si ya tenía el trabajo, ¿por qué convocaron un concurso? ¿Para dar apariencia de legalidad?", se pregunta Angulo. Mientras, Corral y Uriarte dibujan un escenario casi kafkiano: "El concejal se entrevistó a sí mismo frente al espejo. '¿Experiencia? La mía. ¿Proyecto? El mío. ¿Contratación? ¡Hecha!'". La broma oculta una crítica seria: la colusión entre poder político y empleo público, donde la objetividad brilla por su ausencia. A falta de una investigación formal, el caso se mueve en un limbo jurídico. Expertos consultados señalan que, aunque no está prohibido que un cargo público concurra a plazas de su área, el Tribunal Constitucional ha anulado procesos donde la injerencia política comprometió la igualdad (como en sentencias anteriores sobre nepotismo). La Ley del Estatuto Básico del Empleado Público exige "publicidad, mérito y capacidad", pero no especifica cómo evitar conflictos de interés en escalas municipales. El concejal, por ahora, sigue en el puesto. Y mientras IU celebra su "idoneidad", la oposición prepara un recurso. Uriarte lo resume: "Si esto es legal, que baje Felipe VI y lo vea". Corral, más pragmático, cierra: "Investíguenlo. Si no hay nada, perfecto. Pero que no nos vendan espejismos".