Los candidatos propuestos por los conservadores acceden a la presidencia de lo Penal y lo Contencioso mientras los nombramientos en la cúpula judicial siguen favoreciendo a las asociaciones del mismo corte El Poder Judicial otorga la presidencia de dos salas clave del Supremo a los candidatos de los conservadores El sector conservador del Consejo General del Poder Judicial se ha apuntado una de las victorias más importantes a las que podía aspirar en este mandato: colocar a sus candidatos en las presidencias de las dos salas clave del Tribunal Supremo . Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas estarán al frente de los departamentos de lo penal y lo contencioso-administrativo después de que sus rivales progresistas, Ana Ferrer y Pilar Teso, se hayan apartado de la contienda ante la incapacidad el órgano de gobierno para llegar a un acuerdo . La estrategia de bloquear y esperar prevalece mientras los nombramientos, decenas y muchos de ellos por unanimidad, siguen favoreciendo a las asociaciones conservadoras de la judicatura. La última renovación del CGPJ fue pactada por PSOE y PP delante de las cámaras hace un año y un mes. Félix Bolaños y Esteban González Pons ponían fin a cinco años de bloqueo del Partido Popular a negociar la renovación del organismo con un reparto equitativo de vocales: diez con el visto bueno de los socialistas y otros diez con el del PP. Y controlando el precario equilibrio entre sectores, una presidencia que recayó en la progresista de perfil bajo Isabel Perelló. El proceso para elegir a la presidenta recayó sobre el pleno y ya anticipó lo que iba a suceder con las decisiones delicadas. El sector conservador se negó en redondo a hacer presidenta a Pilar Teso o a Ana Ferrer y propuso nombres tan originales como Carmen Lamela hasta que la nueva presidenta fue una magistrada progresista de su gusto: Isabel Perelló . La rueda de los nombramientos volvió a girar y las estadísticas muestran un dominio conservador que suele imponerse por unanimidad pero que, cuando las votaciones afectan a puestos clave, se impone por pertinacia. El actual CGPJ, con empate de vocales y una presidenta progresista, ha sacado la mayor parte de sus nombramientos sin mucho ruido e, incluso, ha renovado sin problemas dos salas del Tribunal Supremo. El pasado mes de enero el tradicional cambio de cromos desembocó en el nombramiento del conservador Ignacio Sancho Gargallo como presidente de la Sala de lo Civil y de la progresista Concepción Ureste de la Social. Decisiones unánimes que incluyeron el ascenso de Juan Manuel Fernández, exvocal conservador, como nuevo presidente de la Audiencia Nacional. Los problemas, al menos para el sector conservador, llegaron cuando fue el turno de las dos salas del Supremo con más relevancia política: la de lo Penal y la de lo Contencioso-Administrativo. La primera es la que investiga, juzga y sentencia a aforados. Desde el caso Koldo, con José Luis Ábalos y Santos Cerdán en la nómina de imputados, hasta la aplicación de la amnistía a Carles Puigdemont. La segunda es la que decide sobre algunas de las medidas más relevantes del Gobierno y la Administración: el impuesto hipotecario , los traspasos de competencias, nombramientos como el de Dolores Delgado o incluso la exhumación de Franco. La estrategia del sector conservador para los puestos de mayor relevancia ha sido la misma que cuando hubo que negociar la presidencia: proponer a sus candidatos y esperarse a que sean los progresistas o sus aspirantes los que muevan ficha o, en su defecto, se muevan ellos mismos. Lo que ya funcionó en el anterior mandato al nombrar magistrados en el Constitucional, funcionó con la presidencia del CGPJ y ha vuelto a funcionar ahora. El candidato de los conservadores para todo El Consejo General del Poder Judicial ha afrontado varios plenos en los últimos meses sin llegar a un acuerdo sobre estos dos puestos y Perelló se ha visto obligada a retirar las votaciones del orden del día para dar margen a un consenso que nunca llegará. La presidencia de estas dos salas necesitaba de 13 votos favorables y ninguno de los dos sectores estaba dispuesto a ceder ni un centímetro al rival. Los progresistas plantearon a Ana Ferrer para la sala segunda y a Pilar Teso para la tercera. Los conservadores a dos magistrados, Andrés Martínez Arrieta y Pablo Lucas, que ya presidían ambas salas en funciones y sin un perfil claramente conservador. La preferencia del sector conservador por Martínez Arrieta, el magistrado que observa a toda la carrera desde lo más alto del escalafón judicial, ha surgido con este nombramiento. Pero su prioridad por ascender a Pablo Lucas no es nueva. Ya fue el candidato conservador durante el anterior mandato para ascender al Constitucional y también durante el actual para presidir el CGPJ . El sitio finalmente elegido para este catedrático de Derecho Constitucional es la presidencia de la sala tercera, que ocupará durante menos de un año antes de su jubilación. Los conservadores se han sentado a esperar y el resultado ha sido que las dos candidatas progresistas se han retirado ellas mismas del último puesto al que optaban, al menos hasta que Martínez Arrieta y Lucas se jubilen en los próximos dos años. Ana Ferrer y Pilar Teso ya fueron las aspirantes del sector progresista a presidir el Poder Judicial hasta que llegó la solución de Isabel Perelló. Teso ya se enfrentó sin éxito a Carlos Lesmes hace más de una década. El ascenso de Martínez Arrieta y Lucas ha tapado la magnitud de la victoria que se ha adjudicado este miércoles el monolítico sector conservador del CGPJ teniendo los mismos vocales que un sector progresista cuya unidad varía por semanas. También ha sido nombrado como magistrado de la sala tercera Antonio Narváez. Exmagistrado conservador del Tribunal Constitucional, fue uno de los fiscales que, según informó El País , llegó a expresar su deseo de que Alberto Núñez Feijóo llegara al Gobierno. Los datos muestran cómo la etapa del CGPJ con igualdad de vocales de ambos sectores y una presidenta progresista se salda, por el momento, con un amplio dominio del sector conservador a la hora de designar los nombramientos de máxima relevancia. El pleno ha adjudicado casi un 40% de las plazas del Supremo y los tribunales territoriales a afiliados de la Asociación Profesional de la Magistratura, más que las otras tres asociaciones juntas. El balance del Tribunal Supremo también deja tocada la balanza de la paridad. Los nombramientos realizados en la cúpula judicial desde la última renovación dejan un 42,2% de mujeres, pero la cuenta se descompensa en la punta de la pirámide del Tribunal Supremo. Después de esta victoria conservadora por incomparecencia del rival, cuatro de las cinco salas del alto tribunal pasan a estar presididas por hombres y una sola, la de lo social, por una mujer.