En septiembre de 2024, el juzgado de lo Contencioso número 1 de Pontevedra criticaba «la inexcusable inactividad de la Axencia de Protección da Legalidade Urbanística (Aplu)» para ejecutar el derribo de una edificación ilegal en Lapamán (Marín). En aquella sentencia ordenaba a la agencia acometer la demolición, decretada una década antes, tarea que se ejecutó pocas semanas después. Ahora, este mismo juzgado vuelva a lanzar un «varapalo» a la misma Aplu por su «dejación de funciones» en otro caso, pero con un resultado muy distinto.