La okupación de viviendas es una preocupación constante en muchas zonas de España, pero esta vez, la rápida actuación vecinal evitó que una casa fuera tomada ilegalmente en Palma de Mallorca. Fue en la calle Plataner, pasadas las once de la noche del pasado 2 de junio, cuando los vecinos detectaron una situación sospechosa. Desde sus balcones y ventanas, vieron a varias personas manipulando un vehículo y una escalera junto a la fachada de un edificio. La escena era extraña, tanto por la hora como por la actitud de los individuos. Alertaron de inmediato al 092, número de emergencias de la Policía Local de Palma, y una patrulla de la Unidad de Intervención Inmediata (UII) acudió a la zona. Lo que encontraron no fue un simple intento de robo, como inicialmente se sospechaba, sino un claro caso de okupación en grado de tentativa. Dos hombres y una mujer, todos de nacionalidad española, estaban junto a un coche sobre el que habían colocado una escalera para alcanzar el balcón del primer piso de un inmueble vacío. Los agentes comprobaron que el grupo llevaba consigo varias herramientas compatibles con actos de forzamiento. Además, uno de ellos portaba una navaja cuya hoja superaba los 15 centímetros, lo que motivó una infracción adicional por vulnerar la Ley Orgánica de protección de la seguridad ciudadana. No hubo detenciones en el momento, pero sí fueron informados de que están siendo investigados por usurpación de inmueble y deberán comparecer ante la autoridad judicial. Los sospechosos admitieron a los agentes que pretendían entrar a vivir en el piso deshabitado, al que no podían acceder por la puerta principal debido a que contaba con una puerta antiokupas. Su alternativa fue improvisar una vía de entrada por el balcón, usando el vehículo como base para colocar la escalera. Fue en ese momento, mientras intentaban acceder, cuando los vecinos dieron el aviso que evitó que se consumara la ocupación ilegal. Este intento frustrado de okupación en Palma se produce en un momento en que el debate sobre este fenómeno está más vivo que nunca. En 2025 ha entrado en vigor una nueva ley antiokupas que pretende frenar con mayor eficacia este tipo de delitos. Uno de los principales cambios es la posibilidad de tramitar juicios rápidos tanto para casos de allanamiento de morada como de usurpación, resolviendo muchos procedimientos judiciales en un plazo máximo de 15 días. La normativa también refuerza el marco penal con el endurecimiento de las penas, que ahora son más severas para quienes intentan ocupar una vivienda ilegalmente. Además, se ha creado un procedimiento de desalojo exprés, que permite a los propietarios recuperar sus viviendas en cuestión de días una vez acreditada la propiedad y constatada la ocupación ilegal. La medida busca acabar con los procesos eternos que durante años han dado ventaja a los okupas frente a los legítimos propietarios. Frente a estos cambios, organizaciones sociales han mostrado ciertas reservas, especialmente cuando se trata de personas en situación de vulnerabilidad. No obstante, la ley distingue claramente entre casos de okupación ilegal y situaciones de alquiler legítimo, protegiendo a los inquilinos y a quienes cumplen con sus contratos. La okupación no solo genera problemas jurídicos, sino también inseguridad vecinal. Este caso en Mallorca lo demuestra: la simple imagen de tres personas intentando entrar por un balcón bastó para movilizar a los vecinos. La presencia de una puerta antiokupas y el nuevo marco legal contribuyeron a evitar consecuencias mayores. La prevención, la vigilancia ciudadana y una legislación más ágil son ahora los pilares para frenar una práctica que sigue generando alarma social en muchas ciudades españolas.