Extremadura está en la cuerda floja ante los planes fiscales de Bruselas. La Comisión Europea, liderada en esta iniciativa por el comisario Wopke Hoekstra, ha propuesto una reforma sin precedentes en la fiscalidad del tabaco en toda la Unión Europea. El borrador plantea un incremento del 139% en el impuesto mínimo sobre cigarrillos y hasta un 258% en el tabaco de liar, mientras que por primera vez se impondrían tipos mínimos para los productos alternativos, como los cigarrillos electrónicos, el tabaco calentado y las bolsas de nicotina. El impacto en España sería desigual, pero Extremadura se lleva la peor parte. La comunidad autónoma concentra el 98% de la producción nacional de hoja de tabaco, una actividad profundamente arraigada en su economía rural. Miles de familias extremeñas podrían verse directamente afectadas, desde los agricultores hasta los trabajadores de plantas de transformación. Fernando Vaquero, director de la Organización Interprofesional del Tabaco, alerta en COPE:  “Esto puede provocar un aumento del contrabando y del comercio ilícito... y acabar contaminando el mercado con productos de Asia y África.” Algo parecido a lo que pasa en Francia, que con impuestos similares, hasta el 33% del mercado es ilegal, mientras que Países Bajos vio subir el contrabando del 15% al 25% en solo dos años. En España, uno de cada veinte cigarrillos ya procede del comercio ilícito, lo que representa una pérdida de 300 millones de euros en recaudación. Aunque Vaquero confía en la calidad y la trazabilidad del producto español, admite que estas medidas dañarán sin duda al sector.