La Audiencia Provincial de Salamanca ha condenado a una mujer a un año y seis meses de prisión y una multa de 440 euros por tratar de entregar a su hijo hachís, cocaína y una tarjeta de teléfono a su hijo, preso en el centro penitenciario de Topas (Salamanca), informa Ep. La acusada ha sido condenada como autora directamente responsable de un delito contra la salud pública , en la modalidad de sustancias que causan grave daño a la salud, ya definido, con la concurrencia de la circunstancia modificativa de la responsabilidad criminal atenuante analógica de grave adicción al consumo de drogas, según la sentencia, Además, se le ha condenado a la accesoria de inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante el tiempo de la condena, con un mes de privación de libertad, como responsabilidad personal subsidiaria en caso de impago de la multa. Asimismo, se le ha impuesto el pago de las costas procesales causadas, además de proceder al comiso y destrucción de las sustancias incautadas. Los hechos probados según la sentencia han asegurado que la acusada, mayor de edad y condenada hasta en doce ocasiones anteriores, con antecedentes penales que no han sido computables a esta causa, el pasado 4 de enero de 2024 , sobre las 17.10 horas, acudió al Centro Penitenciario de Topas (Salamanca) con el fin de visitar a su hijo, preso en el mismo centro. En un momento determinado, cuando esperaba junto a otros visitantes, se procedió a pasar la Unidad Canina que la ha marcó, por lo cual la acusada había extraído de sus partes íntimas cuatro bellotas de hachís, con un peso de 53,24 gramos, con una pureza del 27,12 por ciento, y 3,15 gramos de cocaína, con una pureza del 88,89 por ciento, además de una tarjeta telefónica LEBANA y una nota donde constaba un número de teléfono y un número PUK y otro PIN, que llevaba para entregárselas a su hijo. El valor de estas sustancias en el mercado ilícito está entre 102,05 y 361,50 euros respecto al cannabis, y entre 117,20 y 874,0 euros para la cocaína. La acusada era consumidora habitual de sustancias estupefacientes a la fecha de los hechos enjuiciados, y presentaba un diagnóstico de dependencia a las mismas, como apunta la sentencia de la Audiencia.