La CIG ha anunciado que impugnará judicialmente el expediente de regulación de empleo (ERE) presentado por Einsa Print, al considerar que carece de causas objetivas. La empresa comunicó este jueves su intención de llevar a cabo los 100 despidos previstos, lo que implicará el cese definitivo de la actividad de artes gráficas en la planta ubicada en el polígono de Penapurreira, en As Pontes. Según la comunicación remitida al comité de empresa, Einsa Print ejecutará 79 despidos antes del 8 de agosto, mientras que los 21 restantes se harán efectivos hasta el 31 de marzo de 2026. Además, la compañía plantea abonar las indemnizaciones en dos plazos, una propuesta que ha sido rechazada por la plantilla por falta de garantías económicas. Desde la representación sindical se denuncia que la dirección pretende usar ese dinero para financiar el cambio de actividad empresarial. Desde la CIG-Industria de Ferrol insisten en que no existen causas sobrevenidas que justifiquen el ERE y acusan a la empresa de querer deshacerse del personal para transformar su actividad y especular con los terrenos adquiridos a bajo coste y con las naves construidas gracias a ayudas públicas. El sindicato también denuncia la "mala fe" de la dirección, que esta misma semana habría intentado involucrar a la administración gallega en un intento de mediación tras haberse cerrado sin acuerdo el periodo de consultas. La CIG sostiene que esta maniobra no era más que un intento de presionar para evitar la impugnación judicial del expediente. Recuerdan además que Einsa Print fue la primera empresa que se instaló en el Polígono de Penapurreira en el marco del plan de desarrollo tras el cierre de la mina, y que durante la última década los trabajadores asumieron continuos recortes laborales y salariales para garantizar la continuidad de la producción. Ahora, critican, la empresa “da una patada” a su plantilla y deja en la calle a cien familias al perder el interés en el sector de las artes gráficas. Tal y como ya había adelantado, la CIG pedirá la nulidad del ERE y exige que la Inspección de Trabajo tenga en cuenta todas las consideraciones trasladadas por la parte social en su informe.