Gabriel, el hijo mayor de Juana Rivas y el italiano Francesco Arcuri, ha interpuesto una querella penal contra su padre y contra la psicóloga que le acompañó durante el proceso de entrega de su hermano menor, Daniel, en el punto de encuentro familiar de Granada el pasado martes. La querella, presentada ante el juzgado de guardia y a la que ha tenido acceso la agencia EFE, incluye también la solicitud de medidas cautelares para proteger al menor y paralizar la entrega al progenitor, que reside en Italia. En el escrito judicial, Gabriel, de 19 años, denuncia que Arcuri utilizó a la psicóloga que le acompañaba como instrumento de presión para "doblegar la voluntad" de Daniel, que debía ser entregado a su padre por mandato judicial. Según la querella, durante casi tres horas, Daniel fue sometido a un “durísimo interrogatorio” en el que se vulneraron los protocolos y normas deontológicas, generándole un grave estado de ansiedad. Gabriel, que estuvo presente en el encuentro, grabó con su teléfono móvil más de dos horas y media de lo sucedido, aportando dicha grabación como prueba documental clave para sustentar los delitos denunciados: coacciones y atentado contra la integridad moral del menor. El texto judicial describe el trato recibido por Daniel como una “inaceptable tortura psicológica” que le provocó una “crisis aguda de ansiedad”. La defensa considera que se trató de una forma de intimidación dirigida a influir en la voluntad del menor para que aceptara marcharse con su padre a Italia, país en el que Arcuri ostenta la custodia legal. El equipo jurídico de Gabriel solicita que se practiquen varias diligencias, entre ellas la declaración de Arcuri y de la psicóloga, así como el volcado íntegro de la grabación efectuada por el propio Gabriel con su móvil. También pide que se cite a Gabriel como testigo y que se proceda a una exploración judicial del menor Daniel, con todas las garantías necesarias para proteger sus derechos e integridad emocional. Entre las solicitudes más relevantes de la querella figura la adopción de medidas cautelares urgentes para proteger al menor. Concretamente, se pide que Francesco Arcuri no pueda acercarse a menos de 200 metros de Daniel ni mantener ningún tipo de comunicación con él. Además, se insta al juzgado a dejar sin efecto la orden judicial de entrega del niño a su padre, alegando el “gravísimo padecimiento psicológico” causado por el procedimiento en el punto de encuentro. La querella también solicita un informe específico al personal del punto de encuentro sobre la intervención de la psicóloga, cuestionando en qué calidad actuó, qué formación específica tenía y si estaba autorizada por el juzgado para participar activamente en el proceso de entrega. Los abogados de Gabriel insisten en que el procedimiento vulneró los derechos fundamentales del menor y reclaman al sistema judicial que reconsidere la ejecución forzosa de la custodia mientras no se esclarezcan los hechos denunciados y no se evalúe el estado psicológico del niño con rigor. Este nuevo episodio reabre un frente judicial especialmente delicado dentro del ya complejo caso que rodea desde hace años a Juana Rivas. La madre, que fue condenada por sustracción de menores tras permanecer un mes en paradero desconocido con sus hijos en 2017, ha venido reclamando una revisión de las condiciones de custodia, apelando al bienestar de los menores y denunciando presuntos episodios de violencia y manipulación. La querella de Gabriel, ahora mayor de edad y con plena capacidad para emprender acciones legales, podría dar un nuevo giro al caso y aumentar la presión sobre el sistema judicial español e italiano para escuchar directamente a los menores implicados.