El Estado ya inició este miércoles la derivación de medio centenar de menores migrantes a un módulo del Canarias 50, un centro que será de tránsito hasta que sean finalmente trasladados a la Península, en un plazo de 15 días El Tribunal Supremo ha dictado una resolución en la que subraya la “plena vigencia y exigibilidad” de las medidas cautelares por las que ordenó al Gobierno central que se hiciese cargo de más de 1.000 menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo que se encuentran en Canarias. El pasado mes de junio, el alto tribunal instó al Ejecutivo a que adoptase una serie de medidas al respecto, si bien la Abogacía del Estado solicitó después examinar las dificultades encontradas con relación a la “coordinación competencial con las comunidades autónomas y al consentimiento y custodia de los menores”, y pedía al Supremo que se pronunciase. Ahora, la Sala de lo Contencioso reitera que la Administración central debe tramitar los “procedimientos de solicitud de protección internacional de los menores no acompañados”, sin que sea necesario que el Supremo “dicte instrucciones específicas adicionales, que nunca fueron objeto de este debate”. E insiste en que es la Administración central la que “deberá adoptar las decisiones oportunas para la plena efectividad de lo ordenado, que no es sino la tramitación de los procedimientos referidos a la protección internacional de dichos menores”. El Estado ya inició este miércoles la derivación de medio centenar de menores migrantes a un módulo del Canarias 50 , un centro que será de tránsito hasta que sean finalmente trasladados a la Península en un plazo de 15 días, una vez que comience su itinerario por el Sistema de Protección Internacional. En dicho centro se realizará una evaluación individualizada de cada menor. El Consejo de Ministros acordó este martes aprobar la Declaración de Emergencia que permite al Estado dar cobertura a las acciones que está llevando en Canarias para abrir el Canarias 50, y también disponer de recursos para crear 1.200 plazas de atención de protección internacional en el territorio peninsular.