El fenómeno de la okupación ilegal en España ha mutado. Ya no se limita a viviendas vacías o locales comerciales. Ahora, las plazas de garaje se han convertido en un nuevo objetivo, como demuestra el caso de un bloque de viviendas sociales en Alcobendas, donde un hombre de origen argelino ha transformado una plaza de aparcamiento en su hogar improvisado, desatando la indignación vecinal y poniendo en evidencia los vacíos legales que persisten en este ámbito. Desde hace cuatro meses, los residentes del edificio conviven con una situación que califican de "insostenible". El okupa, identificado como Sami, ha instalado en la plaza un colchón, una nevera de dos metros, una televisión, luces e incluso un altavoz, según las imágenes difundidas por el programa Y ahora Sonsoles de Antena 3. "Todos hemos pasado momentos difíciles, pero nadie se ha ido a vivir a un garaje", denuncia Dolores, una vecina que ha llevado el caso a los medios. Los residentes aseguran que el espacio huele a orina y que el hombre hace sus necesidades allí mismo, lo que les ha llevado a evitar el parking por motivos de salubridad. El conflicto escaló cuando los vecinos intentaron desalojarlo limpiando la plaza, pero Sami regresó días después. "No robo ni hago nada malo. Solo vengo a dormir", defendió ante las cámaras, mientras mostraba una garrafa de agua como prueba de higiene. Sin embargo, los vecinos contradicen su versión: "Tiene 10 o 12 luces encendidas que pagamos nosotros", acusa Dolores, quien subraya que el edificio alberga a familias con escasos recursos: "Somos viviendas sociales. A mí me cuesta mucho pagar el alquiler". Este caso no es aislado. La okupación de garajes ha crecido en los últimos meses, aprovechando un marco legal ambiguo. A diferencia de las viviendas, los garajes no gozan de la protección constitucional del "domicilio" (artículo 18 de la Constitución), pero su ocupación ilegal sí está tipificada como usurpación en el artículo 245.2 del Código Penal, con multas de 3 a 6 meses. No obstante, los procesos judiciales son lentos y rara vez conllevan desalojos inmediatos. Fuentes del sector jurídico explican que, aunque la Ley Orgánica 1/2025 agilizó los desahucios en casos de violencia o intimidación, no incluyó medidas específicas para plazas de garaje. "Los propietarios se enfrentan a un limbo legal: no pueden retirar el vehículo o enseres sin una orden judicial, y la policía actúa con limitaciones", señala Sara Izquierdo, abogada especializada. Según un informe reciente del Observatorio Sectorial DBK, el mercado de aparcamientos en España mueve 1.595 millones de euros anuales, con 1,79 millones de plazas en la península ibérica. Sin embargo, la creciente okupación de estos espacios, impulsada por la crisis de vivienda y la falta de control, está generando pérdidas económicas y conflictos vecinales. En Barcelona, por ejemplo, un parking comunitario estuvo 18 meses ocupado como almacén de actividades ilícitas antes de ser recuperado. En el caso de Alcobendas, los vecinos no solo lidian con la invasión del espacio, sino con el coste añadido. "El consumo eléctrico de Sami lo pagamos entre todos", lamenta Dolores. Aunque el okupa insiste en que solo usa la corriente "20 minutos al día", los residentes han documentado luces encendidas las 24 horas. Además, la bicicleta que presume haber comprado por "10 euros" ,y que usa para "buscarse la vida", ha aumentado la desconfianza hacia su relato. La pregunta de una tertuliana del programa resuena en el aire: "¿Dónde están las autoridades públicas?". Los vecinos han denunciado el caso ante servicios sociales, el IVIMA (Instituto de Vivienda de Madrid) y la policía, pero la respuesta ha sido nula. "El concejal de seguridad sabe lo que pasa, y aún así no actúa", critica Dolores. Mientras, Sami sigue ocupando la plaza, y la comunidad, impotente, espera una solución que no llega. Este caso refleja una tendencia al alza: la okupación ya no es solo un problema de viviendas, sino que se expande a espacios anexos, como trasteros y garajes, en un contexto donde el acceso a la vivienda digna sigue siendo una asignatura pendiente. Mientras tanto, propietarios y comunidades se ven obligados a navegar entre la desprotección legal y el deterioro de la convivencia.