Más de cuatro años y medio después de que, en diciembre de 2020, los partidos políticos y decenas de colectivos implicados firmasen el Pacto Regional del Agua para defender los intereses de Castilla-La Mancha en esta materia, este jueves se convocó la Mesa del Agua en el Cigarral del Ángel Custodio, en Toledo, que estuvo presidida por Emiliano García-Page y a la que asistieron más de 50 representantes de sectores agrarios, sociales, económicos, ambientales y científicos. Al margen de las diferentes lecturas partidistas que a posteriori hicieron tanto PSOE como PP (Vox denunció que no fue invitado), todos los presentes en la Mesa se mostraron de acuerdo en que «Castilla-La Mancha necesita agua». Y eso se traduce en demandas concretas, como que se respeten los caudales ecológicos en el Tajo; que se revisen las normas del trasvase; inversiones en el Alto Guadiana; o el cumplimiento de los planes hidrológicos de las siete cuencas de la región. La Mesa se convocó, explicó la consejera de Desarrollo Sostenible de Castilla-La Mancha, Mercedes Gómez, para «mantener el consenso, reforzar la unidad de acción y seguir avanzando en una posición común en defensa de los intereses hídricos de nuestra región». Y en ella se anunció que, en otoño, se constituirá el Consejo Regional del Agua, un órgano colegiado que informará y participará en la gestión de los recursos hídricos. Además, «se van a crear grupos de trabajo específicos en el Consejo Regional del Agua que permitan atender las necesidades y demandas de todos los sectores en la nueva planificación hidrológica». En cuanto al río Tajo, Gómez volvió a pedir al Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico que aplique los caudales ecológicos, como así lo han dictado hasta cinco sentencias judiciales, y «una revisión profunda de las normas de explotación del trasvase». «Castilla-La Mancha no puede seguir soportando una política de trasvases que pone en riesgo el equilibrio ecológico del río y limita el acceso al agua en cantidad y calidad para nuestros municipios», afirmó la consejera. Respecto al Alto Guadiana, la Mesa demanda «actuaciones prioritarias», que son «clave para la recuperación de uno de los espacios naturales más emblemáticos como son las Tablas de Daimiel, pero también para garantizar el desarrollo socioeconómico y la viabilidad del sector agroalimentario». Mientras, la planificación y gestión hidrológica de las siete cuencas «debe comenzar por asegurar las demandas ambientales, sociales y económicas de nuestra región antes de considerar cualquier derivación de caudales». Por otro lado, Gómez informó de que la Agencia de Agua está haciendo una auditoría para ver el grado de cumplimiento de las medidas propuestas por Castilla-La Mancha en los actuales planes hidrológicos de las siete cuencas. «Este análisis, de la mano de expertos, nos permitirá evaluar con rigor el avance real del tercer ciclo de planificación, detectar los déficits existentes y afrontar con propuestas concretas las prioridades que deben incorporarse al cuarto ciclo, actualmente en redacción, ya que no queremos que nuestras necesidades se queden fuera ni que nuestras propuestas caigan en el olvido», explicó. Además, la consejera defendió que las infraestructuras hidráulicas impulsadas por la Junta están garantizando «agua en cantidad y calidad para los municipios de Castilla-La Mancha». Puso el ejemplo de la Llanura Manchega, «que supone una inversión estratégica de 400 millones de euros para asegurar el agua a 300.000 habitantes de las provincias de Ciudad Real, Cuenca y Albacete». Asimismo, adelantó que se pretende firmar convenios para poner en marcha los ramales de los núcleos inmediatos al Acueducto Tajo-Segura dentro de la provincia de Cuenca. Y aparte de la Llanura Manchega, la Junta está gestionando diez sistemas de abastecimiento en alta para prestar el servicio a 238 municipios y 720.693 habitantes. En el caso de los 246 sistemas de depuración, se presta servicio a 526.993 habitantes y 257 municipios.