Las historias de okupación en España no dejan de multiplicarse, y en esta ocasión ha sido Lugo el escenario de un caso que, pese a resolverse en menos de un año, deja tras de sí un reguero de indignación, impotencia y destrozos. Lucas, propietario de una vivienda en esta ciudad gallega, decidió contar su experiencia a Antena 3 Noticias tras lograr recuperar su piso, que durante ocho largos meses estuvo en manos de una okupa que dejó de pagar el alquiler después de abrir un bar. La mujer, según el relato del dueño, disponía inicialmente de una ayuda por desempleo con la que abonaba puntualmente la mensualidad. El problema comenzó cuando, tras invertir en un negocio de hostelería, perdió dicha prestación y dejó de pagar. En ese momento, Lucas intentó el camino más conciliador: no solo le ofreció otra casa, sino que incluso le pagó el alquiler del nuevo piso para que se mudara. La respuesta de la okupa, sin embargo, fue demoledora: no se iría, ya que el otro inmueble quedaba “demasiado lejos del bar”. Ese “no” terminó derivando en una solución forzosa. Lucas contrató a una empresa especializada para recuperar su propiedad, y tras ocho meses, por fin, el 26 de agosto, la mujer le devolvió las llaves. Pero lo peor estaba por llegar. Al entrar en la casa, se encontró una escena dantesca: cerraduras inutilizadas con pegamento, un olor “nauseabundo”, y la ausencia de camas, armarios, radiadores y otros elementos de la vivienda. “Está destrozado”, relató el propietario, sin poder explicarse cómo había logrado sacar todo eso sin ser vista. La llegada de la nueva ley antiokupas, en vigor desde abril de 2025, ha supuesto un rayo de esperanza para miles de propietarios. Con ella, el Gobierno promete desalojos exprés en un plazo máximo de 15 días, siempre que el delito se considere flagrante. La nueva normativa, que modifica el artículo 795 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, busca agilizar los juicios por usurpación y allanamiento de morada, y permite incluso el desalojo previo como medida cautelar, si lo solicita el propietario. No obstante, en casos como el de Lucas, esta ley no aplica. La razón es que la mujer era en su día una inquilina legal, por lo que no se la puede considerar okupa en sentido estricto, sino inquiokupa: alguien que permanece en una vivienda después de dejar de pagar la renta. Esta figura no entra dentro de los supuestos de aplicación de la vía penal rápida, lo que obliga a los propietarios a acudir a la vía civil, más lenta y con una carga judicial actualmente colapsada. Expertos reconocen que la nueva ley representa un avance limitado. Aunque permite desalojos sin análisis de vulnerabilidad, la mayoría de estos procesos podrían demorarse por alegaciones falsas, documentos inventados y procedimientos judiciales lentos. También recuerdan que para que se considere delito flagrante es necesario sorprender al okupa con las manos en la masa, algo que rara vez sucede. Mientras tanto, Lucas se enfrenta ahora no solo al coste emocional del proceso, sino también a una deuda que asciende a 7.000 euros: 4.000 por los alquileres impagados y 3.000 más por los destrozos y las deudas acumuladas por su okupa en el local del bar. Una historia que, aunque ya ha terminado, deja muchas preguntas abiertas sobre la eficacia real de las leyes actuales para proteger a los verdaderos propietarios.