La mujer, de 60 años, lleva tres días viviendo en un edificio con una empresa especializada en 'desocupación' que la presiona para abandonar su vivienda, mientras renegocia la propuesta de compra con la mercantil que ha adquirido el inmueble Una vecina del centro histórico de València denuncia presiones de un fondo buitre para abandonar su vivienda María Jesús Plaza, 'Susa' para los vecinos, lleva toda la vida viviendo en un piso en la Calle Sogueros de València. Allí llegó su abuela, hace más de un siglo, y nacieron su madre y sus tías. La modista, conocida en el barrio por todo el vecindario, heredó el arrendamiento, de renta antigua, en vigor hasta 2029, y ha desarrollado toda su vida en esa calle. Desde hace tres días, prácticamente convive en el inmueble con una empresa especializada en desocupación y “mediación” con inquilinos, que presiona para que abandone el piso, después de meses negociando. Una empresa perteneciente a un fondo francés compró el edificio en 2020 y fue negociando inquilino a inquilino para que dejaran los pisos y reformarlos. Cinco años después, solo queda ella. La mujer, de 60 años, aceptó una propuesta inicial para dejar la vivienda, pero al revisar el contrato apreció cláusulas que consideraba abusivas y se echó atrás por recomendación de su abogado. Los nuevos propietarios le hicieron un ingreso de 6.000 euros a modo de señal, con el compromiso de transferir el resto con la entrega de llaves. Sucedió hace cuatro meses, según apunta. Hoy los pisos reformados, en un edificio histórico en el centro de la ciudad, se venden por encima de los 650.000 euros, según se promocionan en los portales inmobiliarios. Susa, que ya tenía buena parte de sus enseres en cajas, regresó el pasado domingo a su domicilio, tras pasar el fin de semana fuera de la ciudad, y se encontró todas sus cosas tiradas por la escalera. También encontró su vivienda sin puerta y buena parte del mobiliario totalmente destrozado. La vecina acudió a la Policía Nacional a denunciar un allanamiento y el robo de algunos enseres, pero duda de que fuera el objetivo de la acción. Ha denunciado presiones constantes por parte del fondo, aunque el asunto no ha llegado a judicializarse, más allá de una serie de denuncias cruzadas entre las partes. El martes apareció un camión de mudanza y un grupo de hombres con el uniforme de una empresa especializada en desocupación, APD Ibérica, que, apunta, se hace cargo de la vigilancia del edificio. Según apunta la inquilina, es una oferta de la empresa para llevarse sus cosas, pero quiere hacerlo ella misma. Y desde entonces, la tensión ha ido escalando, involucrando a movimientos del barrio. La última protesta de Susa provocó un movimiento de apoyo vecinal inmediato. El mismo martes, después de varias intervenciones de la Policía Local y Nacional en el edificio y alrededores, plataformas vecinales se fueron concentrando en el edificio para mediar y ayudarla a trasladar sus enseres de nuevo al interior de su vivienda, en el último piso. La inquilina, que afirma tener el contrato en vigor hasta 2029, no quiere dejar su hogar hasta tener una negociación “como toca” con los propietarios. “Quiero hacer un acuerdo y una salida como toca. Quiero una negociación digna”, ha apuntado en declaraciones a los medios este jueves, mientras se encontraba a la espera de la llegada de los abogados. Desde hace tres días se ha ido sucediendo la tensión entre Susa, que permanece en su vivienda, los vecinos que acuden a la calle Sogueros y los miembros de la empresa de seguridad, que controlan el acceso al portal. Este jueves, decenas de vecinos han acudido a las puertas del inmueble durante toda la mañana. Algunos le llevan comida y otros llevan días acompañándola para que ella y su pareja no se queden solos en el edificio, en cuyo portal se mantienen los integrantes de APD Ibérica. La empresa se define como especializada en desocupación y mediadora con inquilinos, y, según apuntan los vecinos, ha sido contratada por los nuevos propietarios. Durante las tres jornadas los vigilantes han mantenido una fuerte hostilidad con los activistas y se han vivido momentos tensos, según apuntan fuentes presenciales. Ellos, dicen, controlan quién entra y quién sale del edificio. La presencia policial es una constante en los últimos tres días para evitar enfrentamientos, pero este jueves se han producido cargas. En uno de estos enfrentamientos se encontraba el diputado de Compromís en el Congreso, Alberto Ibáñez, que ha interpuesto una denuncia por una agresión por parte de estos vigilantes. El parlamentario se ha identificado como miembro del Congreso y ha recibido amenazas de uno de los trabajadores de APD, según ha denunciado. El miércoles acudió al inmueble el portavoz del PSPV, Borja Sanjuán, que le ofreció apoyo jurídico a la vecina y ha iniciado una queja en la oficina de vivienda del Ayuntamiento, para que el consistorio medie en el conflicto. El vecindario asiste atónito a la pugna, denunciando el proceso de expulsión del centro histórico. El inmueble se encuentra en fase de obras, que además han sido paralizadas por un problema de licencias, según apuntan fuentes conocedoras del caso. El conflicto por la intervención se remonta a un año atrás y el consistorio paralizó la licencia el pasado abril, según ha podido saber elDiario.es. Según la versión de Susa, la empresa propietaria argumenta el delicado estado del edificio para instarla a marcharse. Este jueves los bomberos de València han acudido a revisar la estructura y consideran que no hay riesgo de colapso. No es un edificio inseguro, sostienen. Los representantes de la empresa propietaria han rechazado hacer declaraciones en el edificio. “Si no hay un acuerdo, seguiré aquí” La inquilina, ha comentado, está cambiando de asesores jurídicos y va a contratar a un penalista para que se haga cargo de la negociación tras el allanamiento. Según ha manifestado, quiere devolver la señal que le transfirieron y ha enviado un burofax para que le aporten un número de cuenta y volver a negociar las condiciones de salida. “No quiero un acuerdo trampa”, ha dicho, y sostiene que no tiene respuesta. “La única respuesta es esta: llego y encuentro mis trastos en la escalera, lanzados por el hueco. Quiero que podamos negociar, abogados con abogados”, ha expresado. “Yo no tengo donde vivir. No tengo otra casa. Si se arregla la cosa tendré que buscar un piso, pero la vivienda está fatal. Tendré que irme del Carmen, y hasta de València”, ha proseguido. “Me siento fatal y acosada continuamente. Es heavy”, lamenta la vecina, que insiste en que quiere devolver el dinero que le habían transferido. “Yo ya quiero salir de aquí”, ha apuntado, visiblemente agobiada. A los vecinos que han acudido a respaldarla les ha pedido un apoyo “pacifista” y evitar conflictos. Ahora está esperando una mediación entre los abogados y que vuelvan a instalar una puerta en la que todavía es su vivienda. “Si no hay un acuerdo, seguiré aquí”, sostiene. Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Mina (@_maria_mina)