Es una medida sin precedentes que, sobre el papel, amenaza información muy sensible que las plataformas de contenidos y los buscadores guardan celosamente para capturar la atención de los usuarios y generar ingresos. Pero sobre cuya efectividad la comunidad científica ha mostrado, de momento, cierto escepticismo. A partir de octubre, los investigadores acreditados de universidades o de centros de investigación podrán solicitar acceso a las tripas (algoritmos y datos internos) de las grandes plataformas y buscadores. La lista completa incluye tiendas como las de Amazon, AliExpress, Shein, Temu y Zalando; gigantes como Apple, Google (incluido YouTube) y Microsoft ; redes sociales como Meta (Facebook e Instagram), TikTok, X, LinkedIn y Snapchat; la Wikipedia ; servicios de intermediación como Booking ; plataformas de agregación de contenidos como Pinterest ; y servicios de pornografía como Pornhub, XNXX, Stripchat y VideoX. Es consecuencia de un “acto delegado” que acaba de publicar la Unión Europea (un tipo de norma jurídica aprobada por la Comisión, pero con la autorización previa del Parlamento Europeo y del Consejo), derivado del Reglamento de Servicios Digitales —DSA, por sus siglas en inglés— que entró en vigor en febrero de 2024. El objetivo de esta norma es proteger a los ciudadanos europeos de los contenidos ilegales, la desinformación y otros riesgos que circulan a diario por Internet. Y, para conseguirlo, crea obligaciones de transparencia y de mitigación de riesgos que las plataformas deben cumplir. Los investigadores que quieran solicitar los datos internos de estos gigantes tecnológicos deberán cumplir una serie de requisitos —como, por ejemplo, estar realizando una investigación independiente con una finalidad clara de interés público, tener experiencia demostrada en el campo de la investigación, estar debidamente acreditados o no tener conflictos de interés—. Su trabajo, además, deberá plasmarse en estudios que contribuyan a la detección, determinación y comprensión de “riesgos sistémicos” (los que afecten a los derechos fundamentales, como la libertad de información o los derechos del menor, a la salud y la seguridad pública, a los procesos electorales o a la difusión de contenidos ilegales) y a construir medidas para mitigarlos. El Reglamento de Servicios Digitales (DSA) es de aplicación directa en cada Estado miembro (no ha hecho falta una transposición, como ocurre con las directivas europeas) y afecta a todas las plataformas y buscadores digitales que operan en la Unión Europea, independientemente de dónde se ubiquen, además de a otros servicios intermediarios, como puntos de acceso a wifi o servicios de memoria caché, pero pone el foco de la supervisión en las plataformas y los buscadores que tienen más de 45 millones de usuarios al mes en la UE. La DSA les obliga a ser transparentes respecto a sus sistemas de moderación de contenidos, y ofrecer un sistema interno de gestión de reclamaciones mediante el cual un usuario pueda reclamar contra decisiones de moderación con las que no esté de acuerdo. También deben proteger a los menores de la publicidad dirigida y de contenidos inapropiados, ser transparentes sobre la publicidad que presentan en sus interfaces o sobre el funcionamiento de sus sistemas de recomendación. En el caso de España, la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) es la encargada de coordinar la aplicación de la DSA en España, lo que incluye la supervisión de su cumplimiento y atender las demandas de los investigadores que deban conocer los datos de las plataformas. Si un investigador español solicita a la CNMC el acceso a los datos de una plataforma ubicada en Irlanda, el coordinador español se tendrá que poner en contacto con su homólogo irlandés, que será quien certifique al investigador como apto para acceder a los datos de la plataforma. La CNMC tiene previsto explicar en detalle el procedimiento en los próximos días, así como aclarar los pasos que las grandes plataformas y los buscadores seguirán para compartir sus datos (formatos, requerimientos de documentación, etc.). Habrá una página web donde se tramitarán las solicitudes de acceso con las plataformas. A la espera de conocer estos detalles, la comunidad científica especializada en el examen de las grandes plataformas y buscadores ha recibido el anuncio con cierto escepticismo. Raúl Magallón, profesor en el Departamento de Comunicación de la Universidad Carlos III de Madrid y especialista en la relación entre desinformación, tecnología y esfera pública, cree que hay que esperar a saber “qué datos van a ofrecer” las empresas tecnológicas afectadas antes de juzgar el potencial de esta medida. Una cosa es acceder a información que permita analizar determinados procesos y fenómenos, algo que ya permite hacer Meta y que, antes de la adquisición por parte de Elon Musk, también era posible en X (el antiguo Twitter). Son datos a través de los cuales se puede analizar “fenómenos de actualidad”, como la manipulación de determinados asuntos o intentos de “posibles injerencias”. “Esa parte la veo factible”, opina Magallón. “La parte de los algoritmos” ya le cuesta más pensar que la vayan a desvelar, sobre todo porque en su mayor parte son empresas radicadas fuera de la Unión Europea (la mayoría están en EE. UU. y China) y el mercado europeo es apenas una parte de su negocio. “La cuestión del algoritmo la veo muchísimo más complicada”, subraya. El resto de obligaciones derivadas de la DSA, sostiene, las tecnológicas van a intentar cumplirlas . Desde proteger a los menores de la publicidad de contenidos inapropiados hasta ser transparentes con la publicidad. También en lo que se refiere a la denuncia del “contenido ilícito”, si bien, reconoce, “tienen tanta cantidad de contenidos que eso al final es un proceso bastante automatizado, por lo cual tendrá bastantes errores”. Habrá que ver si añaden a esos modelos una capa de seres humanos en los sistemas de moderación. En todo caso, señala el profesor de la Carlos III, la implementación de la CNMC como coordinador en España “llega muy tarde” , igual que sucede con las funciones que debe asumir y que recoge el Reglamento Europeo de Libertad de Medios (EMFA), a pocas semanas de que la norma entre completamente en vigor. Hay cuestiones geopolíticas en la relación con Estados Unidos, señala Magallón, que influirán en la implementación de estas medidas. Que las tecnológicas cumplan con la DSA dependerá también de “si hay multas y del tipo de multas”. De lo que no hay duda es de que las empresas afectadas se van a resistir. La Comisión Europea informó hace apenas diez días a la red X de su “opinión preliminar” de que infringe la Ley de Servicios Digitales “en ámbitos relacionados con patrones oscuros, transparencia publicitaria y acceso a los datos para los investigadores”. Un hecho que, de confirmarse, expone a la red social del multimillonario ultra Elon Musk a multas de hasta el 6% del volumen de negocios total anual mundial de X.