La corrupción no es un mal de ahora. Sobre ella han escrito pensadores de épocas pasadas demostrando un gran conocimiento de causa. Maquiavelo señalaba “la facilidad con la que los hombres se corrompen y se vuelven perversos, aunque originalmente fueran buenos y bien educados” . Claro que para corromperse hace falta, aparte de una debilidad de carácter que abra la brecha a la desviación de la honestidad, otro individuo o persona jurídica capaces de descubrir ese desfallecimiento de la voluntad, trabajarlo como el que moldea arcilla y dirigirlo después hacia fines de poder o económicos que le interesen. Corruptos y corruptores entran así en un doble matrimonio de conveniencia sabiendo que un divorcio sería extremadamente doloroso para el bolsillo de unos y muy arriesgado en cuanto a afrontar responsabilidades de ambas partes. Por razones profesionales, he conocido diversas tramas de este estilo . De hecho, la denominada Gürtel, que investigué en sus inicios, y que truncó mi carrera profesional como magistrado mediante una sentencia arbitraria y parcial (según palabras y resolución del Comité de Derechos Humanos de ONU de julio de 2021, pendiente de ejecutar por el Estado español. De nuevo, el Comité en resolución del 18 de julio de 2025 ha mostrado su preocupación por la falta de implementación por el Estado español). Eso sí, prácticamente todos los implicados acabaron condenados al igual que el partido que les alimentó (el Partido Popular, por si alguien no lo recuerda), en este caso a título lucrativo. Desde hace un tiempo, y debido a un extenso informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO), estamos conociendo detalles de uno de estos tinglados en los que interviene un tipo peculiar procedente del País Vasco, con sendos contactos de inicio con la Benemérita; un ministro socialista con mando en Transportes y el secretario de Organización que le sustituyó en el partido y que se había desempeñado como tal, inicialmente, en esta formación en Navarra. Todavía no se ha celebrado juicio, pero ya están vistos para sentencia a tenor de lo que clama el Partido Popular que, necesitado de ocupar la Moncloa, echa la culpa al presidente Sánchez. Sin embargo, el principal partido de la oposición debería ser más prudente en sus alocuciones . No solo por las varias decenas de juicios pendientes que tienen militantes, cargos y allegados suyos en los tribunales, definiciones que valen para las 70 y pico personas relacionadas con el PP y que se encuentran en prisión. No. Es que hay mucho más pendiente. “ Colgamos a los ladrones de poca monta, pero a los grandes ladrones los elegimos para cargos públicos ”, aseveró Esopo, hace miles de años, en la Grecia clásica, sintetizando así de manera magistral el concepto de esta corrupción que, hoy día, nos acosa y que ronda, como las moscas cojoneras, en la administración pública para lucrarse a costa de todos. Pienso cuando escribo esto en Cristóbal Montoro, otrora todopoderoso ministro de Hacienda, presunto cerebro fiscal de Aznar y de Rajoy, ahora imputado por una serie de presuntos delitos que van desde la prevaricación a la malversación y a muchas más cosas. Se le acusa de haber dado vía libre a leyes, normas y reglamentos elaborados ad hoc para las necesidades de los clientes –al parecer grandes compañías del sector del gas, entre otras– por el despacho de profesionales que él mismo había creado. Un despacho que, al parecer, era la cantera de los nombramientos que realizaba en su negociado ministerial, es de suponer que para facilitar al máximo estos beneficios a sus clientes que, siempre presuntamente, debían abonar los servicios del bufete. Cristóbal Montoro y su despacho lo niegan todo, como era de esperar . Este hecho configuró una corrupción piramidal, desarrollada de arriba abajo, que supuso la apropiación temporal del Estado al servicio de intereses privados en el mismo nervio central económico de aquel (Ministerio de Hacienda) y con perjuicio de los contribuyentes. Fue precedido, unos años antes, por el otro modelo de corrupción generada desde abajo hacia arriba con la “ Gürtel” y ambos tenían, de alguna forma, su epicentro en Génova 13, y dieron forma a una auténtica “ Tangentopolis” a la española, frente a la cual uno se queda anonadado a la espera de cuál será el siguiente escenario al que nos veremos sometidos en este prostituido sistema que debería ser de servicio público. Llegados a este punto, miro hacia atrás y veo una larga lista de individuos que han saqueado las arcas públicas. Nos podemos remontar al franquismo y pasar después por la transición, y encontraremos casos . Hemos visto corrupción en la política nacional, en comunidades autónomas y diputaciones, en Ayuntamientos; en los bancos, en la policía; en la Iglesia; en la Administración de justicia, en los medios de comunicación e incluso ha afectado a la Familia Real. Un suma y sigue que no para. ¿Tan difícil es prevenirla y afrontarla? Hace unos años (2015) escribí un libro titulado El Fango , en el que tocaba la variada gama de delitos que habíamos conocido en nuestro país, establecía las comparaciones pertinentes y concluía con una serie de medidas que consideraba era preciso abordar para combatir esta lacra. Desde luego, desde entonces hasta ahora, hay material suficiente para hacer una ampliación del mismo , incorporando nuevas técnicas y hechos que afectan a las diferentes instituciones y al sector privado relacionado con ellas. Algunas de aquellas medidas coinciden con las que ahora, oportunamente, ha enumerado el Gobierno. Por supuesto, no basta con el anuncio de medidas cosméticas; toda acción presuntamente delictiva debe llevar aparejada la inmediata asunción de la responsabilidad política sin esperar a una resolución definitiva de la primera. Siempre se ha dicho que el mal radica en la politización de la Administración porque la corrupción política es la negación absoluta del servicio público. Sin embargo, esto no es enteramente cierto, porque, aunque el fenómeno sea verdadero, se constata, cada vez con más frecuencia, que son los miembros de la Administración quienes, corrompiendo su propia labor técnica y profesional, se prestan a manejos y protagonizan acciones con incidencia política impulsando con ello las decisiones políticas subsecuentes. Quienes tienen la potestad y el deber de legislar y gobernar necesitan de otros apoyos que den la cobertura a sus iniciativas y garanticen el éxito posterior que, en algunos casos, deriva en un enriquecimiento personal, corporativo, o de índole no económica, pero que, en otros muchos, genera espacios de poder político en la propia administración , ya sea de justicia o de otro sector del Estado cuya incidencia en el tiempo se vuelve dañina y permanente. La política, en sí misma, no es mala ni perversa, sino un mecanismo imprescindible para el funcionamiento de la democracia. Por ello, es necesario exigir la máxima transparencia en el aparato burocrático del Estado, estableciendo mecanismos de control y técnicas de evaluación y de gestión exigentes en la Administración, pero sin olvidar el seguimiento de quienes tienen la obligación de desarrollar esas medidas.  Y  cuidando de evitar la generación de espacios de poder que, al socaire de  defender intereses profesionales, realmente se convierten en actores políticos y lobbísticos sin control (buen ejemplo de ello son las asociaciones profesionales en el sector de la justicia, su financiación y relación con partidos políticos concretos). Es muy improbable la erradicación de los lobbies (Obama lo intentó y el Tribunal Supremo Norteamericano tumbó su iniciativa) pero, de una vez por todas, es necesario enfrentar el poder de los mismos, y, consecuentemente, su regulación. Así mismo, está arraigada la creencia de que «el dinero compra influencia en la política», algo que no ocurre en los países anglosajones, donde lobby y corrupción no están necesariamente ligados. Los lobbies actúan en todos los ámbitos en los que se cruzan intereses económicos o financieros, convirtiéndose en demasiadas ocasiones en campos de tráfico de influencias. Actúan sobre el poder legislativo y sobre el ejecutivo, sobre todo en España, donde la mayoría de las leyes son presentadas a iniciativa del Gobierno. Recuerdo que la propuesta para regular la actividad de los lobbies fue retirada de entre las medidas propuestas por el gobierno de Mariano Rajoy; tal decisión resulta un tanto sospechosa , sobre todo a la vista de lo que ahora se está conociendo en el caso que afecta al ministro de aquel gobierno Cristóbal Montoro, sin que ello afecte a su presunción de inocencia. Fuera del caso puntual, pareciera que, precisamente, la influencia de estos lobbies ha sido la causa de la inexistencia de una regulación eficaz y transparente de este fenómeno que acompaña al sistema político de cualquier país democrático. La cuestión es la ausencia de una regulación específica que nos permita identificar cuáles son los intereses que persiguen, cómo se financian y a costa de qué se produce la intervención. La opacidad beneficia la corrupción, por lo que es básica la prohibición de los paraísos fiscales . Carece de sentido que un alto porcentaje del capital mundial se encuentre en países con una política de fiscalidad reducida o inexistente y una opacidad absoluta ante investigaciones penales, desatendiendo cualquier petición de cooperación. La cuestión es más sangrante cuando ese capital procede en gran medida de los beneficios ilegales que propicia, bien el tráfico de armas de las corporaciones que las fabrican y facilitan, a través de pabellones de conveniencia y con la ayuda de países amigos, a las zonas de guerra o de conflicto armado. Esto ocurre hoy con Israel en Gaza, donde el genocidio se está produciendo en tiempo real y a la vista de todo el mundo, de la mano de autoridades políticas y militares con responsables del máximo nivel en ambos campos. O bien el tráfico de drogas ; al crimen organizado en general y, asociada a todos ellos, la corrupción . Es precisa su abolición y la prohibición de que las corporaciones financieras españolas trabajen con estos paraísos fiscales. La falta de controles y la opacidad es otro de los ingredientes de la corrupción. La transparencia debe ser la regla en todos los ámbitos, especialmente en la Administración de Justicia. Precisamos una justicia responsable, profesionalmente capaz, garantista, respetuosa con los estándares más exigentes de derechos humanos, sin interferencias ni instrumentación por actores externos o internos que respondan a intereses espurios, sin dilaciones y eficaz en la resolución de los conflictos sometidos a su consideración. Para conseguir estos fines y su correcto funcionamiento, es necesaria su total independencia . Porque la independencia del juez, como tercero imparcial entre partes enfrentadas, es la obligación principal del mismo, y solo si se constata, podremos afirmar que su juicio ha sido imparcial, apegado a la legalidad y, por ende, justo. En este sentido, es urgente abordar la prohibición de mecanismos lobbísticos de facto , a través de los cuales entidades y corporaciones económicas privadas, bancos, despachos de abogados…, pero también funcionarios públicos de alto nivel a quienes se les permite compatibilizar el desempeño público y privado (algunos abogados del Estado o letrados del Consejo de Estado), medren o pretendan hacerlo en la administración de justicia. Así mismo, en un mundo globalizado, en el que las relaciones económicas constituyen el núcleo de las relaciones entre países y corporaciones públicas y privadas, la transparencia y la rendición de cuentas resultan indispensables y ello comporta una agilización y el reforzamiento de las estructuras internacionales de prevención de la corrupción y el blanqueo de capitales. Como también es fundamental, el combate eficaz de la criminalidad organizada , que utiliza como una de sus principales armas, la corrupción como fin en sí mismo o como instrumento para ganar espacios de poder e impunidad. Frente a ello son vitales la coordinación internacional contra la corrupción y la definición de espacios judiciales y policiales más amplios. Un verdadero Estado de derecho se conforma no solo por las normas represivas de conducta ilícitas, sino además –y ello es más importante– por la definición de los mecanismos de prevención y educación sobre la transparencia y la ética en la gestión de lo público , como principios nucleares de toda acción personal y colectiva, de solidaridad e igualdad, de progreso y consolidación de derechos en los escenarios de corresponsabilidad en los que se sustenta una democracia. Lo cierto es que casi todas las normas que se pueden proponer para prevenir la corrupción y combatirla están dadas en nuestro país, solo falta la implementación de las mismas y la voluntad de cumplirlas. No obstante, bienvenidas sean las reformas propuestas tanto en materia de prevención (agencia independiente de análisis, control y sanción por el incumplimiento) como en su investigación penal, que debe pasar a manos del Ministerio Fiscal, en tanto que el juez deberá asumir la suya como garante del debido proceso . En este último campo, me quedan aún algunas recomendaciones, como la obligación de proteger de manera eficaz a los alertadores, ampliando la Directiva correspondiente a los testigos y peritos; la protección frente a las SLAPPs (demandas estratégicas contra la participación pública) que se dirigen contra las voces críticas; una regulación seria, y no solo basada en la reducción de pena, de los denominados arrepentidos. El Comité de Derechos Humanos de la ONU (julio 2025) insta a España a revisar y mejorar su marco legal para garantizar la libertad de expresión y la protección real de alertadores. Se trata de que se conjuguen los mecanismos adecuados que garanticen la veracidad y solvencia de sus testimonios. Haciendo hincapié en una verdadera, pormenorizada y exhaustiva normativización de la financiación de los partidos políticos . En mi lista hay algo más: la responsabilidad de los medios informativos . Dicho de otro modo: definir el marco en el que el derecho a la información y la libertad de expresión se encuentren con las garantías que deben regir en los procesos penales. Y, por supuesto, la necesidad de impulsar mecanismos de control de participación ciudadana y de contrarrestar los ataques a estos espacios de rendición de cuentas, como lo ocurrido recientemente con la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana de la Agencia Valenciana Antifraude. Temo que la apabullante cantidad de procesos abiertos, concluidos, archivados o sobreseídos, hayan conseguido incluso insensibilizar a una sociedad que ya da por sentado que el sistema contamina todos los sectores de la realidad política, económica y judicial y que, por tanto, piensa que nada va a cambiar. Esa desconfianza es la que urge transformar. Los corruptos no pueden ganar la batalla. Es el Estado de Derecho el que tiene la última palabra. En este campo, como en tantos otros, la indiferencia no es una opción , y, tampoco lo es la imputación recíproca de corrupción, que conduce a una parálisis existencial de quienes tienen la obligación de trabajar en favor de la comunidad y se quedan en la defensa de sus propios y mezquinos intereses. _____________________________ Baltasar Garzón Real es jurista y autor, entre otros libros, de 'Los disfraces del fascismo'.