La Guardia Civil ha desarticulado un grupo criminal dedicado a la falsificación documental y la destrucción ilegal de residuos altamente contaminantes, procedentes de talleres mecánicos de las provincias de Sevilla, Cádiz y Huelva. Según ha confirmado el portavoz del cuerpo, José Ramón Lisarte, se trata de una operación compleja desarrollada bajo el nombre de FILTERSEV, que ha destapado un entramado que ponía en riesgo la salud pública y el medioambiente. La investigación se inició cuando los agentes del SEPRONA de la Comandancia de Sevilla, en colaboración con el equipo ROCA, detectaron que un trabajador de una empresa de gestión de residuos podría estar almacenando de forma fraudulenta restos peligrosos en una nave industrial de Alcalá de Guadaíra. Los productos acumulados, especialmente filtros de aceite usados, baterías, aceites minerales y líquidos de frenos, eran desviados de los circuitos legales y quemados al aire libre, sin pasar por una planta de tratamiento homologada. La nave clandestina recibía residuos de más de 200 talleres. Los investigadores constataron que el grupo ocultaba las cantidades reales de residuos generados por estos negocios, y para evitar levantar sospechas ante la Administración, falsificaban la documentación de los traslados y destrucciones, reduciendo artificialmente los volúmenes gestionados. La combustión incontrolada de estos materiales se realizaba en grandes bidones metálicos durante largos periodos de tiempo, generando emisiones atmosféricas tóxicas que suponían un riesgo directo para la calidad del aire y la salud de las personas del entorno. “Este proceso fraudulento provoca una emisión de contaminantes que puede afectar gravemente al medioambiente”, ha explicado Lisarte. En coordinación con el Departamento de Residuos de la Delegación de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Sevilla, los agentes procedieron a inspeccionar más de 50 talleres para verificar las discrepancias documentales. Como resultado, cuatro personas están siendo investigadas por presuntos delitos medioambientales y falsedad documental. Todas han sido puestas a disposición de la autoridad judicial competente, junto a las diligencias instruidas. La operación continúa abierta, y no se descartan nuevas actuaciones en el marco de esta investigación que podría implicar a más negocios o responsables en las próximas semanas.