Cuando Donald Trump volvió a Washington lamentó la dejadez de la capital, dijo a los suyos que era necesario acabar con un problema patente en la ciudad: la proliferación de tiendas de campaña junto al Departamento de Estado, las acampadas de personas sin hogar en parquecitos junto a la Casa Blanca, las imágenes de personas empujando carritos de la compra cargados de plásticos y todo tipo de bultos en las aceras del centro de la capital. Más de 650.000 personas viven en la calle en Estados Unidos, una cifra que aumentó con la pandemia. En la primera potencia mundial se han multiplicado las acampadas de personas sin hogar, algo que trae de cabeza a los gobiernos de ciudades como Los Ángeles, San Francisco o Washington por su impacto en la seguridad, la salubridad y la percepción pública del orden urbano. Donald Trump tiene una solución: volver a implantar la hospitalización involuntaria de personas con trastornos mentales o de adicción. El presidente firmó este jueves una orden ejecutiva (decreto) que busca facilitar el internamiento forzoso y de largo plazo de personas sin hogar con esas dolencias. El objetivo, según la Casa Blanca, es «restaurar el orden público» y combatir lo que el presidente llama una sobrepoblación de «vagabundos» en las ciudades de Estados Unidos. La orden instruye a las agencias federales a sortear precedentes legales que limitan las competencias de los gobiernos estatales y locales para internar forzosamente a personas que representen un riesgo para sí mismas o para otros. El decreto del presidente Trump no esconde sus motivaciones. Empieza así: «La vagancia endémica, el comportamiento desordenado, los enfrentamientos repentinos y los ataques violentos han hecho que nuestras ciudades sean inseguras. El número de personas que vivían en la calle en Estados Unidos en una sola noche durante el último año de la administración anterior — 274.224— fue el más alto jamás registrado . La inmensa mayoría de estas personas son adictas a las drogas, padecen trastornos mentales o ambas cosas». La administración maneja unas cifras distintas al censo de personas sin hogar de la Alianza Nacional para Acabar con la Falta de Vivienda, una agrupación sin ánimo de lucro. El decreto coincide con recortes masivos a fondos de salud mental y programas de reducción de daños. La administración Trump ha recortado más de 1.000 millones de dólares en ayudas concedidas durante la pandemia por la Administración de Servicios de Salud Mental y Abuso de Sustancias, y propone eliminar cientos de millones más en subvenciones federales destinadas a salud pública. Aunque legalmente el gobierno federal no puede obligar a los estados a cambiar sus leyes de internamiento, la presión política y presupuestaria ya se siente. En estados como Nueva York, California y Oregón se han aprobado normas más agresivas que amplían la definición de riesgo y permiten intervenciones más rápidas. Trump, por su parte, ya había prometido durante la campaña sacar a los «drogadictos» y «perturbados peligrosos» de las calles y «ponerlos en instituciones mentales donde pertenecen». En Estados Unidos, una persona con trastornos mentales puede ser ingresada contra su voluntad solo si representa un peligro claro para sí misma o para los demás, o si es incapaz de cubrir sus necesidades básicas, como alimentarse. La decisión suele requerir una evaluación psiquiátrica profesional y, en muchos estados, una orden judicial. El ingreso involuntario está sujeto a plazos legales: en la mayoría de los casos, la detención inicial no puede exceder las 72 horas sin una vista judicial. Aunque legalmente posible, el procedimiento es muy difícil de aplicar en la práctica, especialmente por la falta de camas y recursos. No siempre fue así. Hasta mediados de los años setenta, era común que personas con enfermedades mentales o drogodependientes en las calles fueran ingresadas por la fuerza en hospitales psiquiátricos, muchas veces sin evaluación médica ni garantías legales. Había miles de asilos repartidos por todo el país y el internamiento podía ser indefinido. Todo cambió a partir de 1975, cuando el Tribunal Supremo dictó que nadie podía ser encerrado sin pruebas claras de que representaba un peligro. A partir de entonces, se impuso un nivel más alto para justificar el internamiento forzoso, y comenzó el cierre progresivo de instituciones psiquiátricas masivas. Desde entonces, gran parte de esa población ha terminado en la calle o en cárceles. La medida ha sido denunciada por asociaciones de defensa de los derechos civiles, por ser costosa, poco eficaz y por criminalizar la pobreza y la enfermedad. Pero para Trump, es parte de una estrategia de orden, castigo y visibilidad electoral.