Sanidad indemnizará a una madre de Valladolid con casi 100.000 euros a la que se atendió de forma negligente el pasado el pasado 5 de diciembre de 2021. La paciente acudió en la semana 37 de gestación para una inducción al parto. Lo que debía ser un nacimiento seguro terminó en una cadena de errores médicos que dejaron a la paciente sin útero, con lesiones en la vejiga y el uréter, infecciones recurrentes, dolor crónico y “una vida irremisiblemente marcada por el sufrimiento físico y emocional”. Para la portavoz del Defensor del Paciente, Carmen Flores “es inaceptable que se siga poniendo en riesgo la vida y el proyecto vital de las mujeres por falta de vigilancia y por decisiones médicas precipitadas. Que una mujer salga de un parto sin útero, con lesiones internas, dolor crónico y sin haber sido informada es algo que una sociedad no puede tolerar.” “Daño de extraordinaria gravedad, muy poco común en un parto, que evidencia la falta de garantías mínimas en la asistencia obstétrica prestada”, apuntan desde el Defensor del paciente. Pese a tener antecedente de cesárea previa, se le administró prostaglandina, contraindicada o de uso extremadamente controlado en estos casos, dado que incrementa de forma muy significativa el riesgo de rotura uterina, por lo que exige monitorización continua, que en este caso fue suspendida durante casi tres horas. “Ese tiempo fue clave, ya que el útero comenzó a desgarrarse progresivamente sin que nadie lo detectara, hasta que la rotura fue total, generando una hemorragia masiva y obligando a una histerectomía de urgencia, con la consiguiente esterilidad irreversible”. Durante la cirugía, se produjo además una rotura de vejiga, y al no comprobarse la indemnidad de los uréteres, se causó una lesión en el uréter izquierdo, que obligó a una nueva operación, meses de sonda y nefrostomía, y un cuadro de dolor pélvico crónico. El expediente reconoce que la actuación sanitaria incumplió de forma flagrante los protocolos clínicos y la lexartis y califica de determinante la ausencia de vigilancia. A ello se añade que la paciente nunca fue informada de los riesgos reales de inducir el parto en su caso, por lo que se vulneró su derecho a decidir de forma libre e informada, lo que se ha reconocido como un daño moral por separado, valorado en 5.000 euros. Para la familia, resultó traumático, especialmente cuando recuerdan que la madre manifestó tener dolores intensos y claramente anormales, ante los cuales no solo no se actuó con la diligencia médica que requería la situación, sino que además recibió comentarios “insensibles y humillantes” por parte del personal sanitario. Expresiones como “Las mujeres aguantan el dolor más que los hombres, ... bueno, algunas” o “No sabes lo que son las contracciones porque eres primeriza”, cuando en realidad ya había tenido un hijo por cesárea, “reflejan una grave falta de empatía y de atención clínica”. “Estos comentarios no solo no minimizaron su sufrimiento, sino que contribuyeron a ignorar los signos evidentes de una complicación que resultó devastadora”, aclaran. Carmen Flores, presidenta de la Asociación El Defensor del Paciente considera que este caso muestra “con toda su crudeza que un parto, que debería ser un momento de vida y esperanza, puede convertirse en una auténtica tragedia física, psicológica y vital cuando no se actúa con la diligencia debida”.