El Govern balear prohíbe el alquiler de embarcaciones privadas en amarres de gestión autonómica, el ejecutivo de Marga Prohens ha actuado con celeridad para blindar sus puertos. A pesar de la reciente normativa estatal que permite a embarcaciones de recreo privadas (lista séptima) cambiar temporalmente su uso a comercial, la administración autonómica ha dictado una resolución que impide el alquiler turístico de barcos en los amarres concedidos para uso particular en sus puertos. Esta medida busca preservar el equilibrio entre los usos sociales y lucrativos de los amarres, garantizando que se cumpla la finalidad para la que fueron concedidos. La Conselleria del Mar y Ciclo del Agua ha confirmado este viernes que la medida estatal que facilita el alquiler de barcos privados no será aplicable en los puertos bajo su competencia. La resolución del Govern establece que cualquier uso comercial de estos amarres de uso particular será considerado una infracción grave, lo que podría acarrear la apertura de un expediente sancionador y la caducidad inmediata de la autorización del amarre. Según han destacado desde la Conselleria, la finalidad de los amarres base en los puertos de gestión directa es mantener un "equilibrio" entre los amarres sociales y los lucrativos. Utilizar amarres sociales para fines lucrativos "desvirtúa su finalidad", han argumentado Ports de Baleares (PortsIB) ha defendido su modelo de ordenación portuaria, que diferencia "claramente" entre usos particulares y comerciales. Esta distinción es crucial, ya que ambos tipos de uso implican afecciones y necesidades distintas, a menudo incompatibles. Esta separación, han subrayado, es lo que permite preservar el equilibrio entre la actividad náutica, la seguridad de las instalaciones y la protección del entorno litoral. El Govern ha insistido en que la resolución estatal publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE) el pasado 22 de julio no modifica el marco jurídico autonómico, ni puede imponerse sobre las condiciones de uso establecidas en los títulos de ocupación de PortsIB. Por ello, se mantendrán los controles y la tutela sobre el uso de los amarres para asegurar que se destinan exclusivamente al propósito para el que fueron concedidos. Para reforzar el control en los puertos autonómicos en régimen de gestión indirecta, PortsIB ha solicitado a las entidades concesionarias que presenten, en un plazo máximo de diez días, una propuesta provisional de reparto de amarres según su uso. Esta propuesta deberá diferenciar claramente los amarres destinados a embarcaciones de uso particular y los reservados a actividades profesionales, especificando si se trata de chárter náutico o transporte marítimo no regular. El Govern de les Illes Balears ya había manifestado su rechazo frontal a la autorización del alquiler turístico de embarcaciones de recreo privadas durante tres meses al año, una medida impulsada por el Ministerio de Transportes. El Ejecutivo autonómico considera que esta decisión compromete la sostenibilidad del litoral, incrementa la presión sobre las zonas costeras y abre la puerta a nuevas actividades especulativas en aguas saturadas. Desde el Govern se respeta la potestad del Estado para regular en el ámbito marítimo, pero se recuerda que cada territorio tiene sus particularidades y que deben ser tenidas en cuenta. La presión que soporta el litoral balear no es comparable a la de otros territorios peninsulares. En esta postura, el Govern cuenta además con el respaldo de las principales patronales del sector náutico y de los clubes náuticos de las islas, que también han manifestado públicamente su preocupación por el impacto de esta medida y su oposición al alquiler turístico de embarcaciones privadas sin un marco regulador adaptado al territorio.