El glioblastoma es el tumor cerebral más agresivo y letal entre adultos. Su pronóstico es demoledor: una esperanza de vida media que no supera los 15 meses. Sin embargo, en los últimos años ha emergido una nueva terapia no invasiva que está cambiando ese horizonte: se trata de los campos eléctricos tumorales, conocidos como TTFields. Esta tecnología, que interfiere en la división celular del tumor mediante impulsos eléctricos de baja intensidad, ha demostrado una mejora significativa en la supervivencia de los pacientes y ya se aplica en más de 15 hospitales públicos en España. Respaldada por la Sociedad Española de Oncología Médica (SEOM) y el Grupo Español de Investigación en Neurooncología (GEINO), la terapia TTFields representa una esperanza real para quienes enfrentan un diagnóstico de glioblastoma. Sin embargo, no todos los pacientes tienen acceso a ella. Y no por motivos clínicos, sino por su lugar de residencia. La implantación del tratamiento depende de cada comunidad autónoma, lo que ha generado una preocupante desigualdad territorial. Mientras que en regiones como Madrid, Cataluña, Galicia o Castilla-La Mancha se ofrece de forma habitual, otras comunidades como Euskadi, Andalucía, Comunidad Valenciana o Baleares apenas cuentan con centros públicos que lo apliquen. Esto obliga a algunos pacientes a desplazarse cientos de kilómetros (o directamente a renunciar al tratamiento) por no tener acceso en su hospital de referencia. "¿Por qué una persona con mi mismo diagnóstico puede recibir este tratamiento en Madrid y yo no, solo por vivir en Baleares?", se pregunta Kiko Palmer, paciente desde hace dos meses. Como él, decenas de afectados han comenzado a alzar la voz y exigir a las administraciones una solución inmediata que garantice la equidad en el acceso a esta tecnología. Asociaciones de pacientes y profesionales sanitarios advierten de que no se trata de un lujo, sino de un tratamiento avalado científicamente y reconocido por la comunidad médica. Reclaman una actuación coordinada del Ministerio de Sanidad y las consejerías autonómicas para evitar que el código postal determine las opciones de vida de un paciente con cáncer cerebral. Kiko es uno de los afectados en las Islas Baleares. A él solo le quedan 13 meses y necesita este tratamiento que cuesta 120.000 euros. Ahora mismo en Baleares no se ofrece porque la Conselleria de Salut tiene que dar el visto bueno y aprobar su compra. Una aprobación que por lo que parece no es prioritaria para la Conselleria, aunque sí para los pacientes que por cuestiones obvias tienen el tiempo en su contra. Si quieres conocer su historia completa la puedes escuchar arriba dándole al botón de play.