El auge de la compra de viviendas por parte de extranjeros en Canarias está transformando no solo el mercado inmobiliario, sino también la convivencia en las comunidades de vecinos. Según datos del Instituto Canario de Estadística (ISTAC), en 2023 el 34% de las transacciones de viviendas en las islas fueron realizadas por compradores no residentes, con alemanes, británicos y nórdicos a la cabeza. Este fenómeno, impulsado por el clima y la calidad de vida, ha generado situaciones tan insólitas como la vivida por una joven española en Santa Úrsula, quien descubrió en su primera junta de vecinos que debía pagar 200 euros por un servicio de traducción al ser la única hispanohablante en un edificio dominado por propietarios alemanes. La joven, que prefirió mantener su nombre en anonimato, relató a Atlántico Hoy cómo su ilusión por estrenar vivienda se tornó en desconcierto al asistir a la primera asamblea de la comunidad. "Cuando vi que se empezaba a hablar en alemán y que había una traductora para nosotros, me quedé flipando", confesó. El edificio, compuesto por unas 30 viviendas, fue construido y gestionado inicialmente por fondos alemanes, y la mayoría de sus propietarios son ciudadanos de ese país que pasan temporadas en Tenerife. La solución adoptada por la comunidad para garantizar que todos los residentes entendieran las decisiones fue contratar a una intérprete, cuyo coste, 200 euros por junta, debían asumir los pocos vecinos hispanohablantes. "Es surrealista pagar para entender lo que se decide en tu propio país", lamentó la afectada. La situación no solo resulta chocante, sino que refleja un problema estructural en zonas turísticas de Canarias: la creciente internacionalización de las comunidades de propietarios, que en muchos casos deja a los residentes locales en clara minoría. "La mayoría son alemanes, polacos o rusos. Vienen seis meses y se van", explicó la joven. Este flujo migratorio temporal ha hecho que el alemán se imponga como lengua vehicular en las juntas, mientras el español queda relegado a un segundo plano. Pero el asunto va más allá del idioma. Las normas de la comunidad establecen que el peso del voto de cada propietario depende de los metros cuadrados de su vivienda. Con 74 m², la joven española carece de influencia para impulsar cambios. "Es muy difícil modificar lo que ya estaba pactado", admitió. Esta dinámica no solo limita su capacidad de decisión, sino que dificulta la integración. "No tengo vínculo con mis vecinos. Es una experiencia muy incómoda y extraña", reconoció. Lo ocurrido en Santa Úrsula no es un caso aislado. Municipios del norte de Tenerife, como Puerto de la Cruz o La Orotava, han experimentado en los últimos años un aumento de compradores extranjeros, muchos de ellos jubilados que buscan un refugio invernal. Atlántico Hoy ha documentado casos similares en Gran Canaria y Lanzarote, donde comunidades enteras funcionan en inglés o alemán, y los residentes canarios deben adaptarse a normas y dinámicas que no siempre favorecen su integración. Expertos en sociología urbana advierten de que esta tendencia puede acentuar la brecha entre la población local y los residentes temporales. "Se crean guetos de lujo donde la convivencia es superficial y las decisiones se toman al margen de los vecinos autóctonos", señaló Carlos Mendoza, profesor de la Universidad de La Laguna. Además, el encarecimiento de la vivienda —impulsado por la demanda extranjera— está desplazando a muchos canarios de sus zonas de residencia tradicionales. Preguntada por si conocía esta peculiaridad antes de comprar el piso, la joven fue contundente: "Nunca me lo hubiera imaginado. Cuando firmé, ni se me pasó por la cabeza preguntar en qué idioma se hablaba en las juntas". Su experiencia plantea un debate sobre la transparencia en las compras y los derechos de los compradores locales en entornos masificados por la inversión foránea. Desde la Asociación de Consumidores y Usuarios de Canarias (CECU) reclaman mayor regulación. "Las comunidades deben garantizar la accesibilidad lingüística sin trasladar costes adicionales a unos pocos", afirmó su portavoz, Laura Díaz. Sin embargo, cambiar el statu quo no será fácil. Mientras, la joven de Santa Úrsula asume resignada su nueva realidad: "Al final, pagaré los 200 euros. Pero no deja de ser injusto". Lo que comenzó como la ilusión de un hogar se ha convertido en un símbolo de un archipiélago en transformación, donde el español empieza a ser, paradójicamente, una lengua minoritaria en algunos rincones.