Se dice que los números no mienten. Otra cosa es que cada cual le pueda dar la interpretación que mejor le convenga. Y eso más o menos es lo que pasó este viernes, justo en la antesala de un pleno en Elche, el del lunes, en el que probablemente los puntos de Hacienda vuelvan a dar juego. Tanto que, en este contexto, la concejal del grupo municipal socialista Patricia Macià denunciaba que en la junta de gobierno del 10 de julio -aunque no se dio cuenta públicamente de ello- el Ejecutivo local de PP y Vox había dado el visto bueno a 20 expedientes con omisión de fiscalización, que suman un montante total de 598.711 euros. El informe de Intervención que acompaña el punto de contabilidad indica “muy claramente”, subrayó la concejal del PSOE, que se está incurriendo en posibles fraccionamientos de contrato. Una cuestión de la que, por cierto, hizo especial bandera el PP en el mandato pasado, hasta el punto de que los de Pablo Ruz denunciaron y la Fiscalía Anticorrupción abrió diligencias por supuestos delitos de prevaricación y fraude en la gestión de 676 facturas en las que existía reparos" por parte de Intervención entre 2019 y 2020, aunque se acabó archivando el caso. “En la medida en que se excede el importe, no se habría seguido el procedimiento correcto de tramitación, por lo que puede haber un posible fraccionamiento del contrato”, señaló Patricia Macià, tratando de dejar en evidencia a los populares, por los reparos, pero también por sus “contradicciones”.