La okupación ilegal sigue siendo uno de los temas más controvertidos en el ámbito urbano y social de Madrid. Según datos recientes, la capital española registra un aumento en denuncias por usurpación de viviendas, especialmente en distritos como Puente de Vallecas, Usera y Carabanchel, donde la combinación de vulnerabilidad económica y falta de acceso a vivienda asequible alimenta el fenómeno. Aunque no todos los casos responden a un perfil único (desde familias desesperadas hasta redes organizadas) el impacto en la convivencia y el patrimonio es indiscutible. Solo en 2024, el Ayuntamiento de Madrid tramitó más de 1.800 expedientes por transformación irregular de locales en viviendas, muchos vinculados a ocupaciones ilegales. En este contexto, el llamado "edificio azul" de Vallecas se había convertido en un símbolo de la crisis. Ubicado en la calle Pintor Sorolla del barrio de San Diego, este bloque de viviendas, conocido por su fachada añil, acumulaba 27 pisos ocupados desde hace más de 15 años, con historiales de tráfico de drogas, peleas y hasta torturas en su interior. Sin embargo, en las últimas semanas, la mayoría de sus ocupantes han abandonado el inmueble tras recibir compensaciones económicas. Pero no todos. Un reducido grupo se resiste a marcharse, y su razón ha sorprendido a vecinos y autoridades por igual: exigen que se les pague, como al resto, para irse. La estrategia para vaciar el edificio ha sido peculiar. Según confirmaron fuentes cercanas al proceso, la empresa actual propietaria, especializada en desalojos, optó por negociar con los ocupantes, ofreciéndoles entre 2.500 y 3.000 euros a cada familia a cambio de dejar las viviendas. "Con eso dime tú qué hacemos, con lo cara que está la vivienda en Madrid...", declaró uno de los okupas a El Mundo mientras desvalijaba el piso que habitaba, llevándose incluso las barandillas de las escaleras para venderlas como chatarra. Esta táctica, aunque criticada por algunos sectores que la ven como un "premio a la ilegalidad", ha demostrado ser efectiva. Rogelio Gómez, presidente de la empresa mediadora OPS2, explicó que el edificio era "el más conflictivo de la zona", con antecedentes de prostitución, narcotráfico y hasta escondite para secuestros. "Les estaba quitando su medio de vida a algunos; tenían plantaciones de marihuana que les reportaban 20.000 euros cada tres meses", admite. Pese al éxodo masivo, una decena de ocupantes se aferra a los trasteros de la última planta, donde viven en condiciones infrahumanas. En declaraciones a Telemadrid, alegaron: "No nos vamos a marchar porque no tenemos donde ir", pero añadieron un motivo más llamativo: "A otros les pagaron, ¿por qué a nosotros no?". Algunos incluso relataron cómo, durante años, sobrevivieron sin luz ni agua, cortadas por las autoridades, comprando garrafas a 10 euros para ducharse con agua de fuentes públicas. Su postura revela una cruda realidad: la okupación, en muchos casos, es un síntoma de la brecha social. Kimberly, una madre de 30 años, pagaba 400 euros mensuales a un supuesto dueño que resultó ser otro okupa. Cuando la desalojaron, encontró sus muebles destrozados y ahora duerme con sus dos hijos y otras cinco personas en una habitación por 450 euros. Con el desalojo casi completado, la propiedad ya ha iniciado obras para reformar el inmueble y convertirlo en viviendas nuevas, una operación que, según Gómez, "revalorizará la zona en decenas de miles de euros". Sin embargo, el proceso no está exento de ironías. Mientras los últimos ocupantes esperan su compensación, el Ayuntamiento de Madrid avanza en planes como el Plan Reside, que prohibirá pisos turísticos en edificios residenciales, y proyectos de regeneración urbana en Vallecas, como el Área DEMO 360, que construirá 1.400 viviendas con un 35% de protección pública. Paralelamente, la Empresa Municipal de la Vivienda (EMVS) ha entregado 77 pisos de alquiler asequible en el ecobarrio de Puente de Vallecas, con rentas que no superan el 30% de los ingresos familiares. Un contraste que subraya las dos caras de un mismo distrito: la falta de acceso a la vivienda y los esfuerzos institucionales por paliarla. En cualquier caos, el caso del edificio azul resume la complejidad del fenómeno. Mientras las autoridades celebran los desalojos y las promesas de renovación, los okupas restantes plantean una pregunta incómoda: ¿es justo negociar con algunos y dejar a otros en la indigencia? Y, sobre todo, ¿qué alternativas existen para quienes, como Aitor, un desempleado que ocupó un local vacío en Vallecas respaldado por la PAH, ven en la okupación su única opción?