A un año de su implementación, la Ley de Delitos Económicos ha elevado los estándares de cumplimiento corporativo en Chile, obligando a empresas y entidades a contar con modelos de prevención de delitos efectivos. "El impacto más notorio se ha observado al interior de las empresas, donde directorios y gerencias han ajustado sus estrategias para identificar riesgos con mayor precisión y fortalecer controles internos, capacitaciones y trazabilidad", señaló Nicolás García Lorca , socio del estudio García Parot. El abogado precisó que "la ley transforma el escenario regulatorio a partir de tres ejes: la clasificación de delitos en grupos, la ampliación del catálogo de delitos y sujetos responsables, y la imposición de sanciones más rigurosas, con un régimen especial para la determinación de las penas aplicables". Uno de los cambios más relevantes se observa en el ámbito ambiental . "La tipificación penal ambiental y la necesidad de protocolos unificados entre fiscalías y organismos fiscalizadores son claves para reducir la discrecionalidad y la incertidumbre en la aplicación de la normativa", subrayó. Hacia el segundo año de vigencia, especialistas llaman a consolidar equipos de fiscalización especializados , establecer reglas claras y auditables de persecución , y generar guías comunes para la prueba eco-penal.