Hace unos días fue dada a conocer por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía su medición de la pobreza multidimensional correspondiente a 2024. Se trata de un estudio que considera que una persona se encuentra en dicha situación desfavorable cuando no tiene el acceso y la garantía de por lo menos uno de los derechos sociales, así como cuando sus ingresos resultan insuficientes para satisfacer sus necesidades elementales. Los resultados arrojan cifras históricas y alentadoras. De acuerdo con los datos presentados, el número total de personas en pobreza pasó de 51.9 millones en 2018, a 38.5 millones en 2024. Es decir, una reducción de 13.4 millones de personas en los últimos seis años. Respecto a las personas consideradas en pobreza extrema, las cifras indican que ese segmento de la población bajó de 8.7 millones en 2018, a 7 millones en 2024; lo que significa que 1.7 millones de personas salieron de esa lacerante condición. Se trata de noticias dignas de celebrarse, pues representan un avance en la lucha por disminuir la desigualdad social. Sin embargo, también significan la oportunidad perfecta para el análisis y la reflexión. En medios académicos y de información se ha cuestionado acerca de si la metodología utilizada por el Inegi fue la misma que a lo largo de la historia reciente llevó a cabo el Coneval, que recién fue extinguido. La cuestión es fundamental aclararla, puesto que sólo así podrían compararse los resultados obtenidos. Más allá de las cuestiones técnicas acerca de la medición, estudiar lo reportado resulta muy interesante. Al analizar las distintas carencias sociales, surgen a la vista algunos retrocesos tales como el reportado por la “Carencia por acceso a los servicios de salud” que reportaba en 2016, habían 18.8 millones de personas, y en 2024 se registran 44.5 millones de personas desprovistas de cobertura en dichos servicios. En el caso del rubro “Rezago educativo”, en 2016 existían 22.3 millones en dicha situación, en tanto que en 2024 se registran 24.2 millones de personas. Un aumento de casi un millón. Tratándose de la carencia por servicios de salud, en caso de una enfermedad o emergencia para una persona o su familia, pueden implicar un menoscabo importante de su patrimonio o la pérdida de éste, por concepto de lo que se conoce como “gastos catastróficos”. En cuanto al rezago educativo es urgente y hasta imprescindible se inviertan muchos más recursos financieros en educación y se convierta este rubro en un concepto más prioritario. Sólo por citar un ejemplo, para 2025 el presupuesto de la Secretaría del Bienestar es casi 25% mayor que el presupuesto de la Secretaría de Educación Pública. Es importante que el gobierno haga un replanteamiento de la estrategia para combatir la pobreza de raíz y buscar un desarrollo más equitativo de las distintas regiones de México. La medición del Inegi señala que las entidades federativas con menor porcentaje de pobreza son: Baja California (9.9%), Baja California Sur (10.2%) y Nuevo León (10.6%). En tanto que las entidades con mayor porcentaje son: Chiapas (66%), Guerrero (58.1%) y Oaxaca (51.6%). Las mismas de siempre. Los datos presentados demuestran el éxito en la administración anterior del incremento al salario mínimo; el efecto de los programas sociales; el aumento razonable de la inflación, entre otros elementos. Pero en el futuro no se puede confiar en que estos mismos elementos coyunturales vayan a seguir siendo tan determinantes para proseguir con el avance en el combate a la pobreza y la desigualdad social. Como Corolario la frase del premio Nobel, Nelson Mandela : “Superar la pobreza no es un gesto de caridad, es un acto de justicia”. Columnista: Raúl Contreras Bustamante Imágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0