La impartición de justicia en México iniciará el próximo primero de septiembre una nueva época marcada por el sinónimo de la “transformación”. El reto es mayúsculo, el tiempo es poco. La demanda de justicia es una tarea diaria, que exige no sólo atención inmediata al cambio, sino soluciones reales y efectivas. Las directrices de la nueva política pública judicial ya fueron delineadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Sin embargo, se requieren acciones a corto plazo para su implementación, que implican la necesaria y activa participación de las ministras y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las magistradas y los magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial, así como de todas y todos los integrantes del Órgano de Administración Judicial. Es aquí, donde el compromiso con la ciudadanía deberá tener sus primeras muestras de cumplimiento efectivo. La altura de miras de los servidores públicos judiciales debe constituir una de las reglas fundamentales y estratégicas que rija la toma de sus decisiones. Sólo así se podrían construir las instituciones que requiere y demanda la sociedad. El futuro del Poder Judicial Federal debe cimentarse bajo pilares de implementación sólidos, que le den certeza y rumbo, en los que se prioricen las necesidades ciudadanas frente a la escasez de recursos, sin que esto signifique irracionalidad del ejercicio del gasto público, que haga inalcanzables los objetivos primarios de la justicia. No puede articularse a partir sólo del imaginario, se requiere desde luego, de la innovación y frescura de ideas, pero también del conocimiento y la experiencia previa, marcada por la evaluación y los resultados. La transparencia y la rendición de cuentas deben ser parte de este andamiaje. En este compromiso todos debemos sumar, la buena impartición de justicia es una aspiración a la que estamos obligados a trabajar sin importar el sector de la sociedad en el que nos desenvolvamos. Los abogados estamos doblemente comprometidos: como profesionales del derecho y como ciudadanos. Es conveniente ser cuidadosos, la atención inmediata de las necesidades institucionales y sociales no será suficiente. De hacerlo así, sólo seríamos reactivos y con una visión corta y ciega. El mediano y largo plazos también deben avizorarse. La toma de decisiones debe ser oportuna, seria y con toda responsabilidad. Ejemplo de ello, son las necesarias acciones de política pública que deberán asumirse relacionadas con el uso de la inteligencia artificial por juzgadores, la adecuación de instancias de atención ante las recientes reformas legislativas y reglamentarias, el fortalecimiento de la defensoría pública en el contexto de una impartición de justicia cercana y comprometida con las mexicanas y los mexicanos, el cambio de paradigma que regirá la capacitación judicial en todos sus niveles, la adscripción estratégica y prioritaria de juzgadores en los diversos circuitos judiciales, el escrutinio público de las áreas responsables de la conducción de los juicios en materia de concursos mercantiles, las nuevas bases para los procedimientos de adquisiciones y obras públicas, la conformación y consenso de un nuevo Código de Ética, entre muchos otros. Las instituciones son entes en movimiento como lo han definido los grandes maestros de la teoría de la administración pública, entre ellos, el doctor Omar Guerrero . Trabajo judicial existe y mucho, no esperemos que nos llegue el momento de tomar decisiones para actuar. La improvisación y simulación no son la mejor consejera. El servicio público serio, responsable y comprometido, es lo que marcará la diferencia. No se puede flaquear en el intento, estoy cierto que no existe funcionario judicial que se doblegue o evada su alto compromiso con la sociedad mexicana. Es tiempo de actuar, no crucemos los brazos, México nos lo demanda. Columnista: Miguel González Cánudas Imágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0