El 1 de septiembre, la presidenta Claudia Sheinbaum presentará su Primer Informe de Gobierno. Ni 100 días ni 11 meses es suficiente tiempo para evaluar los resultados de las acciones de gobierno que la ha implementado. Sin embargo, a partir de su empeño por ejercer el poder bajo la política de la continuidad de la forma de gobernar de su antecesor, el expresidente Andrés Manuel López Obrador , hay material suficiente para señalar algunas acciones que han impactado negativamente nuestro régimen democrático en este corto periodo. Comencemos por lo más obvio: la decisión de continuar con la reforma judicial lopezobradorista, que es uno de los mayores errores de la actual administración. Después de la fraudulenta elección de ministros, jueces y magistrados por medio de acordeones, con la cual se impuso una conformación mayoritaria del Poder Judicial con personajes cercanos al oficialismo, México inició una nueva etapa política que se distingue por la falta de independencia y autonomía judicial que impactan el acceso a la justicia y principio de equilibrio y división de Poder constitucional, y vulnera el régimen democrático. Otro factor fundamental que abona a esta realidad es la militarización de la Guardia Nacional y el reconocimiento formal de sus funciones de investigación, derivadas de las reformas de diversos artículos constitucionales aprobadas por la nueva legislatura con ilegítima mayoría calificada de Morena y sus aliados en el en el mes de septiembre de 2024, cuando todavía era presidente López Obrador ; y las reformas legales que se derivaron y fueron votadas en el pasado periodo extraordinario, ya bajo la administración de la actual Presidenta. Otra decisión heredada del expresidente que también afecta la democracia, porque motiva pérdida de credibilidad y confianza en el gobierno, y, sobre todo, porque se ponen en riesgo algunos derechos y libertades individuales (tal es el caso de la privacidad de los datos personales), es la desaparición de varios órganos autónomos: Cofece, el IFT, el Inai y Coneval. Todos estos errores de gobierno que se derivan de una decisión de darle continuidad a las acciones del anterior presidente de la República, se quedan cortos frente a la decisión de la presidenta Claudia Sheinbaum de seguir con la política de confrontación política con diversos actores políticos de la oposición, empresarios o medios de comunicación. Si bien es cierto, no lo hace de la misma forma nefasta que caracterizó al expresidente López Obrador , sigue manteniéndose el ambiente de incertidumbre y confrontación contra aquellos actores que actúan de forma autónoma o independiente, por ejemplo, ministras y ministros de la SCJN, legisladores, consejeros del INE, magistrados o magistradas electorales, representantes de las organizaciones de las madres buscadoras, de los padres de los niños con cáncer, incluso, en contra de los líderes de los partidos del PRI y del PAN. Se suma a este ambiente de rompimiento político la actitud de algunos morenistas con poder que al amparo del silencio (o ¿complicidad?) presidencial, han recurrido a la judicialización de la política para perseguir a periodistas o ciudadanos que les resultan incómodos por sus opiniones en los medios de comunicación o las redes sociales, tal es el caso del expresidente del Senado de la República, y el de la Cámara de diputados, asimismo, de los gobernantes de Campeche y Puebla. Es cierto que el arranque de cualquier periodo sexenal está lleno de aristas y obstáculos que superar, pero éste que inició en octubre del año pasado, se nota doble difícil porque la Presidenta de la República no ha podido o no ha querido divorciarse de la sombra de su antecesor, y peor aún, quiere seguir sus pasos o, ¿qué otro significado puede tener la pretensión de una nueva reforma electoral que tiene como fin acabar con la autonomía formal del INE y con una nueva conformación de su Consejo a partir de elecciones populares, repitiendo la receta de los acordeones? Columnista: Ruth Zavaleta Salgado Imágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0