La intención aparente de los Estados Unidos de capturar a Nicolás Maduro bajo la acusación de “líder de un cartel de la delincuencia organizada” y “narcoterrorista” abre un debate profundo sobre la legitimidad democrática en América Latina, la escala de la economía criminal en la región y los alcances de la estrategia continental norteamericana. Lo que está en juego no es solo el futuro inmediato de Venezuela, sino la redefinición de las relaciones de poder y de soberanía en el continente. En América Latina, la construcción de legitimidad democrática atraviesa una crisis prolongada. Desde hace más de dos décadas, diversos gobiernos han oscilado entre proyectos de corte populista, autoritario y liberal, sin lograr estabilizar instituciones democráticas fuertes. La acusación de Washington contra Maduro es jurídica, pero también política: en esa dimensión, se busca despojarlo de la legitimidad de jefe de Estado para reducirlo a la figura de un delincuente internacional. El mensaje es claro: cuando la democracia se vacía de contenido y se convierte en un régimen autoritario, se abre la puerta a que potencias externas intervengan con el argumento de que el poder ya no se ejerce conforme a las reglas mínimas de legitimidad política. El segundo eje es más complejo y profundo: ¿es la economía criminal tan grande que obliga a la nación más poderosa del planeta a intervenir directamente en sus dinámicas, rutas y flujos? La historia reciente ofrece pistas. El escándalo Irán-Contras en los años ochenta mostró que la política exterior estadounidense está dispuesta a negociar con estructuras criminales y clandestinas si estas permiten avanzar en objetivos estratégicos. Hoy, la magnitud del narcotráfico, del lavado de dinero y de las rutas ilícitas en América Latina ha alcanzado una dimensión que pone en jaque la economía legal y el orden político de varios países. El señalamiento de Maduro como jefe criminal es también el reconocimiento de que el Estado venezolano, o al menos sus cúpulas, actúan como actores criminales. Y aquí se enciende la alarma mayor: si ese escenario es cierto, entonces se da la posibilidad de que un Estado actúe simbióticamente con un cartel, convirtiendo a su soberanía en cobertura para la criminalidad organizada. La tercera vertiente se proyecta hacia el futuro inmediato. Si Estados Unidos concreta una operación contra Maduro, ¿será este un caso aislado o sólo el inicio de una estrategia más amplia contra regímenes que combinan autoritarismo, aislamiento internacional y sospechas de complicidad con el crimen organizado? Nicaragua, Cuba e incluso México aparecen como escenarios posibles en la lógica geopolítica estadounidense. Nicaragua, bajo el mando de Daniel Ortega, ya ha sido señalado por su deriva autoritaria y por su colapso institucional; Cuba sigue siendo el epicentro histórico de la confrontación ideológica en el continente; y México enfrenta un dilema crítico, pues su gobierno actual ha sido cuestionado por la incapacidad de frenar la violencia criminal y por la sospecha de que amplias regiones del país están bajo el control de cárteles. La gran pregunta es si Estados Unidos busca reposicionar su hegemonía continental mediante una estrategia de “limpieza” contra regímenes considerados narcoestados, o si simplemente quiere ejemplificar con el caso venezolano para mantener un equilibrio de fuerzas y enviar un mensaje preventivo a los demás. El fondo del debate es ¿qué significa hoy la soberanía en un continente atravesado por democracias frágiles, economías criminalizadas y potencias que intervienen bajo el argumento de la seguridad global? Sin duda, la soberanía, entendida como capacidad de un pueblo de gobernarse a sí mismo, se ve debilitada cuando el poder político se fusiona con la economía criminal. Frente a esto, las intervenciones externas adquieren un halo de “necesidad”, pero con el riesgo de perpetuar una lógica imperial. La pregunta que queda abierta es si América Latina será capaz de reconstruir sus democracias desde dentro o si seguirá siendo escenario de intervenciones externas que, aunque busquen legitimarse con la justificación de “frenar al crimen”, terminarían reforzando las desigualdades y la dependencia. Columnista: Mario Luis Fuentes Imágen Portada: Imágen Principal: Send to NewsML Feed: 0