Las protestas propalestinas en la última etapa de la Vuelta ciclista a España en Galicia han obligado a la organización a adelantar ocho kilómetros la meta después de que decenas de personas se tumbaran sobre la vía y forzaran un cambio en el destino para evitar altercados como los que se han producido en los últimos días. Unas concentraciones que tienen un gran componente simbólico al producirse alrededor del mundo del deporte, un espacio en el que domina el silencio y no hay condena clara al genocidio que está perpetrando Israel en Gaza y que no han tenido lugar durante eventos deportivos similares en otros países. Tienen su foco en la participación en la Vuelta del equipo Israel Premier-Tech, cuyo propietario es el millonario Sylvan Adams, amigo íntimo de Benjamin Netanyahu y que lleva años tratando de lavar la imagen de Israel a través del deporte. La iniciativa, impulsada por la Red de Solidaridad contra la Ocupación de Palestina (RESCOP) y el movimiento Boicot, Desinversión y Sanciones (BDS) , ha logrado mostrar al mundo la indignación de una parte de la ciudadanía española con las acciones de Israel y ha entrado de lleno en la actualidad política, con el Partido Popular —especialmente el de Madrid—desplegando mensajes en todos los formatos para apoyar a Israel y atacar las protestas durante la Vuelta. Sin ir más lejos, la presidenta de la Comunidad , Isabel Díaz Ayuso , comparó el pasado viernes las protestas contra el genocidio con los atentados terroristas de Múnich de 1982 y las relacionó directamente con el terrorismo etarra tras los altercados en el País Vasco. Sin embargo, este martes las protestas se han producido en Galicia, un territorio en el que el PP lleva gobernando décadas con una cómoda mayoría absoluta, y se prevé que ocurra lo mismo el próximo domingo 14 en el centro de Madrid. Para ese día ya se están convocando manifestaciones masivas alrededor del circuito para mostrar ante el mundo entero el rechazo al genocidio en Gaza y a favor del Estado palestino. Una imagen muy potente que ya incomoda a la derecha, aunque no tanto a sus votantes, ya que más de la mitad de ellos no apoya la masacre perpetrada en Gaza. Según un estudio del Real Instituto Elcano , la mayor parte de la población española (60%) considera que la solución a la larga ocupación de territorios palestinos por Israel pasa por la existencia de dos Estados separados, y una inmensa mayoría (78%) es favorable al reconocimiento del Estado de Palestina. Según los resultados del organismo, en España hay una mayor cantidad de personas respecto a otros países que creen que Israel es el único responsable . En esta materia, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, ha recibido presiones de la Iglesia española . El presidente de la Conferencia Episcopal, Luis Argüello , pidió "gritar alto y claro contra el drama humanitario" de Gaza el pasado mes de mayo. "No cabe el silencio usando el argumento de que el Gobierno de España lo utiliza como escudo para ocultar otros problemas", denunció en X, en alusión a las excusas que había utilizado el líder del PP para evitar criticar lo que estaba sucediendo en Gaza. Desde entonces, el presidente del PP ha elevado más el tono contra Israel pero ha marcado distancias con las medidas anunciadas por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, al pedir una respuesta "ecuánime y ponderada" y culpando a Hamás de lo que está ocurriendo: "Es el principal responsable", señalaba en una entrevista el lunes en Telecinco. Además de Gaza, el Partido Popular también ha abierto un frente esta misma semana con la reducción de la jornada laboral. Salvo sorpresas de última hora, Partido Popular, Vox y Junts se unirán para rechazar la tramitación de la normativa este miércoles , una de las banderas de Sumar y del Gobierno de coalición esta legislatura. Los de Feijóo alegan el impacto de esta medida, que implicaría reducir de 40 a 37,5 las horas semanales de trabajo, haría mella en "los autónomos, las pymes y la productividad". Un argumento que contrasta con las intenciones del líder del PP hace justo un año, cuando trató de escenificar un 'giro social' abriendo la puerta a estudiar la jornada laboral de cuatro días a la semana, aunque no en las mismas condiciones planteadas por Sumar o Podemos, sino ampliando el número de horas diarias para el cómputo semanal permanezca igual. Desde el PP explicaron entonces que querían disputar la agenda social al Gobierno de Pedro Sánchez tras identificar —a través de encuestas internas elaboradas por empresas demoscópicas— que cuestiones como la vivienda o la conciliación familiar preocupan más al grueso de la sociedad que medidas como la amnistía o los casos de corrupción, a las que la dirección nacional del partido ha dedicado gran parte de sus discursos en esta legislatura. Unos datos que aparecen reflejados también en encuestas privadas y barómetros como el del Centre d'Estudis d'Opinió (CEO), el denominado CIS catalán, que el pasado mes de junio apuntaba a que siete de cada diez votantes de PP y Vox avalan la medida. Un análisis que coincide con el de la encuesta que publicó 40dB en enero del pasado año , en la que reflejaba que solo un 24% de los votantes del PP y un 29% de los de Vox renegaban del recorte de dos horas y media de trabajo a la semana. Entre los que votaron al PP, un 45% catalogó el recorte de jornada como muy o bastante positivo, casi el doble de las personas (24%) a las que les parecía muy o bastante negativo. Unos datos que no impedirán al PP votar en contra de que se tramite la norma en el Congreso y tampoco la presión de las organizaciones de trabajadores, que este miércoles convocarán movilizaciones en toda España y frente al Congreso en Madrid, para exigir a PP, Vox y Junts que permitan su debate. A estas dos cuestiones se le suma una tercera que ha estado muy presente a lo largo de la legislatura y que la extrema derecha trata de explotar: la inmigración. El Gobierno de Pedro Sánchez prevé regularizar a unos 100.000 inmigrantes durante este año y pasar de los 250.000 que había a 31 de diciembre del año pasado regularizados a través de la figura del arraigo, a 350.000 a finales de 2025. Aunque inicialmente el PP aprobó que la iniciativa siguiera su curso en el Congreso, ahora deja ese apoyo en el aire al tiempo que radicaliza su discurso para asemejarlo al de Vox al vincular inmigración con delincuencia e inseguridad, lo que le ha granjeado un nuevo reproche por parte de la Iglesia católica. Paradójicamente, los españoles originarios de otros países que más votaron en las últimas elecciones generales lo hicieron mayoritariamente por formaciones de la derecha , tradicionalmente contrarias a la inmigración, y, paradójicamente, eligieron menos a las de izquierdas, que son las que más promueven la regulación de extranjeros. Casi la mitad de los votantes nacidos fuera de España que se decantaron por votar al Partido Popular (PP) en las elecciones generales de 2023 procede de tres países: Colombia, Venezuela y Marruecos, tres de los cuatro grupos de votantes originarios de otros países que más participaron (el cuarto es Ecuador), según datos recopilados por datos recopilados en mayo por el CIS. Sucede algo similar cuando se trata del feminismo, un concepto del que el PP renegaba hace solo unos años y que ha tratado de resignificar al hilo de las multitudinarias manifestaciones que se produjeron en España a partir del 2018. Ahora, los conservadores tratan de seducir al "votante femenino" situando al PSOE "frente al espejo" en materias como la prostitución pese a que ni en la ponencia ni en los estatutos del 21 Congreso Nacional del partido celebrado el pasado julio la formación mencionó nada relativo a su posición sobre la prostitución ni tampoco al consumo de la misma.