El ministerio trata de consolidar su modelo de tests externos para valorar la adquisición de competencias en todas las comunidades tras más de una década de idas y venidas con estas evaluaciones España empeora su nivel de matemáticas, lectura y ciencia, pero aguanta frente al resto Alumnos de toda España de 6º de Primaria se someterán este curso por primera vez desde hace años a una única evaluación, elaborada por el Ministerio de Educación, para comprobar su adquisición de las competencias básicas. Se trata del primer examen de carácter externo –aunque no cuenta para nota– que se distribuirá por igual a escolares de todas las comunidades autónomas, de acuerdo con lo que establece la LOMLOE, en un nuevo paso en el despliegue del modelo de evaluación del sistema que prevé la ley. Las pruebas, fechadas a partir del 7-8 de abril y hasta finales de mayo –no necesariamente serán simultáneas, por lo tanto–, llevan por nombre Evaluación General del Sistema Educativo, y discurrirán sobre cuatro ámbitos de conocimiento: Comunicación Lingüística, STEM (ciencia, tecnología y matemáticas), Digital y Plurilingüe. La ley también prevé que se realicen al término de la educación obligatoria, en 4º de la ESO. Pero esas arrancarán dentro de dos cursos, en el 2027-2028. De carácter plurianual, fuentes del Ministerio afirman que estos tests se harán “cada tres o cuatro años”. La otra característica principal de estas pruebas es que serán muestrales y no censales. Esto significa que no deberán acometerlas todos los alumnos españoles de 6º de Primaria, sino solo una muestra de unos 1.000 centros de todas las comunidades, según indican desde el ministerio. El objetivo de estos tests externos es obtener datos sobre la adquisición de competencias del alumnado al término de cada etapa. “Tienen carácter informativo, formativo y orientador para los centros y para el conjunto de la comunidad educativa”, señalan desde el ministerio. Además, una de sus principales novedades respecto a otro tipo de evaluaciones externas es que, al ser los modelos de carácter estatal, permitirán hacer análisis y comparaciones entre comunidades autónomas. La Evaluación General del Sistema Educativo que arranca este curso supone también consolidar el modelo evaluativo que contempla la LOMLOE, vigente en las aulas desde el curso 2022-2023, y que cuenta con otras pruebas externas, aunque esas no son ni homogéneas ni comparables entre comunidades. Se trata de las llamadas Evaluaciones Diagnósticas, a las que se somete anualmente –desde hace dos cursos– el alumnado de 4º de Primaria y 2º de la ESO. En ese caso, y aunque participa en su elaboración el Instituto Nacional de Evaluación Educativa, sus últimos responsables son las administraciones educativas –esto es, cada consejería–, con lo que pueden introducir cambios o más materias a evaluar. El despliegue de estas evaluaciones se superpone a las que son propias de algunas comunidades autónomas, como es el caso de Catalunya al término de 6º de Primaria y 4º de la ESO, y también a las pruebas internacionales de competencias como las que organiza la OCDE, ya sea PISA (su última edición fue a principios de 2025) o la de comprensión lectora PIRLS (cuya próxima edición será en 2026). Desde hace años, estos estudios internacionales son los únicos elementos de que dispone el Ministerio de Educación para comparar el desempeño educativo de las distintas comunidades autónomas. La última edición de PISA, la de 2022 , permitió constatar el liderazgo de Castilla y León y Asturias en Matemáticas, Ciencia y Lectura, así como el declive de comunidades como Catalunya, Andalucía, Canarias o Comunitat Valenciana. Para encontrar un precedente a las pruebas externas de carácter estatal en España hay que remontarse a 15 años atrás. Fue en 2009 y 2010 con las evaluaciones recogidas por la LOE, la ley de educación de Zapatero, cuyo modelo de hecho ha replicado la actual LOMLOE. Tras ese breve intento de evaluar el sistema llegó al Gobierno el PP, cuyo modelo fue inicialmente el de las reválidas. Su ley educativa, la LOMCE, se aprobó en 2013 y contemplaba finalmente dos exámenes externos que todos los alumnos debían superar para pasar de etapa: en 4º de la ESO y en 2º de Bachillerato. En 6º de Primaria se dejó al final una evaluación sin contar para nota. Con todo, esta propuesta generó amplio rechazo en la comunidad educativa, tanto entre el profesorado como en las familias. Fue uno de los aspectos más criticados de la ley, hasta el punto de que en 2016 el ministro de Educación, Íñigo Méndez de Vigo, se vio obligado a rebajar su apuesta y convirtió todas las reválidas en pruebas diagnósticas muestrales. Aun así, el rechazo que despertaba la ley en varias comunidades autónomas, las no gobernadas por el PP, hizo que su aplicación fuera desigual.