El Gobierno andaluz da luz verde al anteproyecto para que inicie su tramitación parlamentaria, que podría estar en diciembre al acortar los plazos de una norma que confronta con el "intervencionismo" estatal Andalucía permitirá por ley a los alcaldes construir VPO en espacios públicos en desuso sin necesidad de recalificarlos La vivienda es hoy el tercer problema que más preocupa a los andaluces tras el paro y la sanidad, tal y como proclaman los datos del barómetro que elabora el Centra , el CIS andaluz. Y a reactivar el mercado inmobiliario y a que haya más oferta, uno de los ejes sobre los que pivotará la próxima campaña electoral andaluza, va dirigida la Ley de Vivienda del Gobierno andaluz, que acumula ya medio año de retraso sobre el calendario inicialmente anunciado y que ahora se envía al Parlamento con los plazos muy ajustados de cara a esa cita con las urnas. Por ello, y para asegurarse llegar con su proyecto legislativo estrella bajo el brazo, Juan Manuel Moreno lo va a tramitar por la vía de urgencia. Esto permitirá que la nueva norma pueda tener el necesario refrendo parlamentario –garantizado por la mayoría absoluta del PP– el próximo mes de diciembre, ya que este procedimiento acelerado permite reducir a la mitad los seis meses que de media se requieren por vía ordinaria. Esto además permitirá a Moreno no apurar los plazos en exceso y guardarse la carta de un hipotético adelanto electoral con la vista puesta en primavera. Los comicios deben celebrarse en junio como muy tarde y el mensaje oficial hasta la fecha es que se apurará la legislatura hasta el final, aunque desde el entorno del presidente –y al margen de lo que pueda ocurrir en el panorama político nacional– no se descarta la opción de llamar a las urnas en marzo. Esta posibilidad, que obligaría a convocar en marzo, permitiría ir a las urnas antes del inicio de las fiestas de primavera en toda Andalucía, que tienen su pistoletazo de salida con la Semana Santa, que el año que viene empezará el 29 de marzo. “El intervencionismo no ha funcionado” Así que con la calculadora electoral en la mente, el presidente andaluz ha presentado su ley como una oposición frontal a la norma estatal de Pedro Sánchez con el argumento de que “el intervencionismo no ha funcionado”, y que la propuesta del Gobierno central lo que ha hecho es encarecer los precios y reducir las viviendas a las que se puede optar en el mercado. En cambio, la alternativa andaluza va “por el camino correcto” y considera que “nace con profesionalidad, respaldo y solvencia”, dando facilidades a los promotores no sólo para construir más, sino también para hacerlo más rápido. El Consejo de Gobierno de la Junta aprobará el anteproyecto este miércoles para remitirlo al Parlamento, pero antes este martes ha celebrado un evento en el Palacio de San Telmo (sede de la Presidencia) para dar solemnidad a este paso, que se anunciaba institucional pero que acabó pareciéndose más a un acto de partido en el que además no se admitieron preguntas de la prensa. Intervinieron dos alcaldes del PP (el de Utrera, Francisco Jiménez, y la de Jerez, María José García-Pelayo, en su calidad de presidenta de la FEMP), y al margen se le dio voz a los promotores por medio de Ignacio Peinado, presidente de Fadeco , pero no a los sindicatos. Peinado puso sobre la mesa la cifra de que Andalucía sufre un déficit de 200.000 viviendas, lo que implica que “casi 500.000 andaluces” no pueden acceder a un hogar. A este dato habría que unir dos más a los que nunca se hace mención: el Instituto Nacional de Estadística (INE) calcula en más de 640.000 las viviendas vacías en la comunidad autónoma, a lo que se une que una de cada cuatro casas del parque inmobiliario andaluz no tiene uso como el hogar principal de una familia . Foto de familia de Moreno con tres de sus consejeros y los intervinientes en el acto de San Telmo. Moreno ha incidido en que “no hay varitas mágicas” y que hablamos de “procedimientos lentos” que requerirán de meses para que se vean resultados, y ha admitido que estamos ante un problema grave que hace “inaccesible” el acceso a un piso a miles de personas por la “desproporción entre oferta y demanda”. Eso sí, está convencido de que las recetas que aporta la ley revertirán esta situación porque aporta “soluciones realistas, sensatas y basadas en la experiencia”. Ni venderlas pronto ni 'inquiocupación' ¿Y en qué consisten las fórmulas que se proponen? El presidente las ha resumido en “dar seguridad jurídica, simplificar trámites, quitar presión fiscal y dar facilidades”, todo ello con la “obsesión” de generar más oferta acortando en esencia los plazos. En esta línea van también medidas como crear bolsas de suelo para construir VPO o cambiar sin necesidad de recalificación los usos de suelos dotacionales o terciarios . La ley, eso sí, ya está en la práctica parcialmente en marcha, ya que algunos de los aspectos más importantes que incluía se aprobaron el pasado mes de marzo vía decreto-ley para activar un plan de choque que aspira a construir 20.000 nuevos pisos protegidos. También se ha producido una marcha atrás considerable en cuestiones que recogía el primer borrador de la norma, como la posibilidad de vender una VPO a los diez años de comprarla o la renuncia a regular la bautizada como 'inquiocupación ', que no está tipificada en ningún texto legal. A la espera de las modificaciones que puedan introducirse durante su recorrido parlamentario, en este momento los más satisfechos con la ley son los promotores, que por medio de Ignacio Peinado, presidente de Fadeco, se felicitó porque el Gobierno andaluz apueste por no intervenir el mercado y sí “incentivarlo”. De paso, aprovechó para criticar el “IVA insoportable” que sufren las VPO (asegura que más del 25% del precio de un piso nuevo se va en impuestos), lo que supone que si se hicieran las 200.000 de menos que tiene Andalucía llegarían a las arcas públicas hasta 12.000 millones de euros. Un entusiasmo similar al de Fadeco tiene también la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) , gobernada por el PP, y para la que la norma “es muy positiva y necesaria”. En el otro lado de la balanza está el PSOE andaluz, que este martes cargaba contra una ley que tilda directamente de “propaganda”: “Lo que tiene que servir es para ayudar a la gente que quiere adquirir una vivienda, no para que los constructores hagan negocio con la vivienda pública”.