El intento de Ayuso por flexibilizar los controles medioambientales ha acabado convertido en un boomerang político. Lo que se presentó como una medida para agilizar trámites urbanísticos y reducir burocracia terminó chocando de frente con la legislación estatal. El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha recogido el acuerdo alcanzado entre el Ejecutivo central y la Comunidad de Madrid que obliga a Isabel Díaz Ayuso a rehacer su Ley 7/2024 de Medidas para un Desarrollo Equilibrado en Materia de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio. La decisión llega después de que Moncloa advirtiera que varios artículos de la norma autonómica eran claramente "inconstitucionales" y contrarios al marco legal común. La intervención del Gobierno de Pedro Sánchez no fue inmediata, pero sí contundente. Tras detectar visos de inconstitucionalidad, el Ejecutivo central estuvo dispuesto a interponer un recurso ante el Tribunal Constitucional. Finalmente, el pacto alcanzado obliga a la Comunidad de Madrid a promover una nueva iniciativa legislativa que corrija los aspectos más problemáticos de la ley. Entre ellos, la exclusión del trámite de evaluación ambiental de determinadas actuaciones mediante un simple reglamento, un cambio que hubiese debilitado los mecanismos de protección del medio ambiente y que ahora queda anulado. El PSOE de Madrid ha celebrado la publicación del acuerdo en el BOE y no ha dudado en señalar directamente a la presidenta. "La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, tiene que darse cuenta de una vez por todas de que su mayoría absoluta no le concede barra libre para hacer lo que quiera ni para incumplir las leyes del Estado, incluso las que su propio partido promulgó", ha apuntado Álvaro Abril Aparicio, secretario de Transición Justa y Medio Ambiente. "Lo que pedimos los socialistas es que cuanto antes se promueva una iniciativa legislativa que corrija este absoluto despropósito", ha añadido en referencia a una norma que, además, ampliaba los plazos de vigencia de las evaluaciones ambientales. Esta última disposición también ha quedado invalidada por el acuerdo, ya que podría haber impedido alcanzar los objetivos de protección previstos en los informes preceptivos. Para los socialistas, la corrección desde Moncloa es una enmienda a la totalidad de la manera en que el Ejecutivo madrileño entiende la política medioambiental. "Este acuerdo supone un revolcón a la forma de entender la protección del medio ambiente por parte del Gobierno de Ayuso, que actúa como si gobernar en contra de la legislación estatal no tuviera consecuencias", sentencian. Una nueva polémica: los privilegios para expresidentes y exconsejeros A este revés jurídico se suma otra polémica que ha salpicado a la presidenta madrileña en las últimas semanas. En pleno verano, y con la atención política más relajada, Ayuso aprovechó para recuperar mediante decreto los privilegios que habían sido eliminados a expresidentes y exconsejeros de la Comunidad de Madrid. Entre ellos, el derecho a disponer de chófer y asistentes, así como de personal de apoyo administrativo. El movimiento ha encendido las críticas de la oposición, que acusa a Ayuso de legislar en beneficio propio y de su...