Ariete Seguridad es una de las empresas con nombre propio dentro del Partido Popular (PP). La compañía pertenece a Silvia Cruz, concejala de la formación conservadora en Alcorcón entre 2011 y 2017, quien también mantiene vínculos con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Una de la relación más palpable entre las dos políticas encuentra su origen en el Curso Superior de Estrategia de Comunicación para equipos políticos que la ahora responsable de la administración Sol impartió entre enero y junio de 2014, aunque fue hace poco, cuando se supo la presencia como estudiante de la antigua política de la localidad del sur madrileño precisamente por informaciones de ElPlural.com. Por aquel entonces, Cruz fue alumna de una titulación que tampoco estuvo exenta de polémica, y es que el curso, de 950 euros, serviría en la práctica para inflar el currículum de cargos 'populares'. Más allá del ámbito educativo, y mucho más reciente, la exconcejala ha recibido al menos más de 75 millones de euros distribuidos en un total de 286 contratos, según las cuentas de este periódico. Otro contrato bajo sospecha Uno de estos es el que protagoniza las presentes líneas y tiene que ver con unos trabajos en el Metro de Madrid, adjudicado por la Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras. Más detalladamente, el objeto del contrato, según aparece en el Portal de Transparencia de la Autonomía, es el "servicio de vigilancia para la seguridad de las instalaciones que constituyen el patrimonio de Metro de Madrid: los recintos, la sede social, dependencias y edificios singulares (museos). El montante de la adjudicación fue de 66.158.116,09 -con impuestos- y de 54.676.129 euros -sin impuestos-, si bien solamente una parte de ella se corresponde con Ariete; el lote 1 -recintos-. En su caso, el importe de adjudicación fue superior a los 38 millones de euros -31.658.067,83 sin impuestos-. El contrato se rubricó el año pasado, pero a día de hoy la región mantiene el oscurantismo sobre él, haciendo gala nuevamente de un ejercicio de oscurantismo al que el gobierno de Ayuso acostumbra. La firma ha levantado sospechas dado que la empresa no obtuvo ni de lejos la mejor puntuación, pero ganó el concurso público dado lo ínfimo del precio. Hay quienes, ante esta situación han querido preguntar a Metro de Madrid por el informe económico que justifique el coste, pero han obtenido la negativa por respuesta. La explicación que llega desde el suburbano es que la petición "contiene datos relevantes sobre estrategia comercial, costes internos, capacidad de competir en el mercado, etc", por lo que la información, en caso de recaer sobre un tercero, podría suponer un "riesgo evidente" para la firma "superior al perjuicio que genera para el solicitante el no darle acceso al documento requerido". 1. Una empresa se presenta a un concurso público 2. Obtiene la 8ª puntuación técnica de 14 competidoras 3. Pero el precio es TAN bajo que lo gana: 34 millones 4. Pregunto por el informe económico que justifica ese precio. 5. Me...