En la presente jornada del 10 de septiembre, la esposa del presidente del Gobierno de España, Begoña Gómez, comparecerá por cuarta ocasión ante el juez instructor Juan Carlos Peinado, quien posee distintas causas abiertas contra ella y la investiga por hasta cinco delitos diferentes. Concretamente, se ven las caras en este día para proceder a un nuevo interrogatorio relativo a la imputación más reciente, la de una presunta malversación de fondos públicos por la contratación de Cristina Álvarez, asesora de La Moncloa que se ocupó de asistirle en diferentes asuntos profesionales. Sin embargo, Peinado decidió abrir diligencias por encontrar posibles indicios de derivarse sus labores a la vida privada de la mujer de Pedro Sánchez. Ambas están citadas a declarar durante la mañana de este 10 de septiembre como parte de una pieza separada que se abrió el pasado mes de marzo para investigar al actual delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín Aguirre, por el papel que jugó en la contratación de Álvarez cuando este se encontraba ocupando un alto cargo de La Moncloa. No solo al delegado madrileño, sino que Juan Carlos Peinado también quiso que el Tribunal Supremo imputara al ministro de Justicia, Félix Bolaños, petición que fue rechazada por no encontrar base alguna que sustentara proceder a ello. En un movimiento inesperado, pues el mismo juez Peinado había descartado meses atrás que Gómez y Álvarez hubieran podido cometer este delito, hace escasas semanas decidió añadirlas a ambas como investigadas en esta causa, amparandose en un párrafo del auto emitido por la sección 23 de la Audiencia Provincial y que los abogados de ambas acusadas han recurrido por considerar que Peinado realiza una interpretación errónea de lo expuesto en él. Así, en el auto se declara que "el funcionario ilícitamente destinado a cubrir necesidades o utilidades privadas de su superior o encargado no puede cometer delito de prevaricación, que solo cometería quien lo destina, aprovecha o consiente esa decisión. Y que tampoco su superior cometería delito de malversación, porque para eso sería necesario que Cristina Álvarez cobrara un sueldo sin prestar ninguna de las funciones para las que estaba contratada". De esta manera, la defensa de Álvarez, por ejemplo, cuestionaba en el recurso interpuesto si existe o no malversación en el simple hecho de que un funcionario de un órgano judicial realice o reciba una llamada personal en la secretaría del Juzgado, haga un favor personal a otro miembro de la oficina judicial, o transmita a alguien un recado de parte de otro. Un ejemplo que presentaba para argumentar que "si esto fuera punible, tendríamos motivos para incoar una buena macrocausa". Camino iniciado en abril de 2024: Delitos añadidos progresivamente El proceso abierto por el juez instructor sobre una posible malversación se trata de una rama que procede de la causa principal que abriría en el mes de abril del año pasado. En aquel momento, Peinado se focalizaba únicamente en la posibilidad de que Begoña Gómez se hubiera beneficiado de unos favores que le habría hecho, supuestamente...