Cuentan algunas fuentes consultadas, que en Glovo, y especialmente entre algunos de sus directivos, reina una pesante sensación de decepción con como ha respondido la administración pública al último puente que ha tendido la empresa catalana de reparto a domicilio al Gobierno. Tras años de persecución, por un lado, y resistencia, por el otro, la plataforma anunció hace meses que desde este verano operaría con repartidores contratados y no autónomos, como hasta la fecha y como prohibía expresamente la ley Rider.