En su primer borrador de ley de vivienda, la Junta de Andalucía estableció que las VPO deberían mantener su carácter público un mínimo de diez años y que a partir de ese momento se podrían vender en el mercado libre, una posición que chocaba frontalmente con la expresada por el Ministerio de Vivienda que defendía blindar por ley todas las viviendas protegidas con ayudas públicas. Posteriormente, en un segundo borrador en junio matizó su posición, retiró los diez años y estableció que el periodo estaría vinculado a cada plan, es decir, de 20 a 50 años en función de la convocatoria. Finalmente, el último borrador del proyecto de ley que irá al Consejo de Gobierno este martes vuelve a revisar el modelo: las VPO promovidas por administraciones públicas que tengan algún tipo de ayuda pública "tendrán una duración del régimen de protección permanente". Es decir, no se podrán vender en el mercado de renta libre. Seguirán siendo protegidas.