El debate sobre la reducción de la jornada laboral a 37 horas y media semanales ha vivido un punto de inflexión. El Congreso de los Diputados ha rechazado el anteproyecto del Gobierno después de que prosperaran las enmiendas de PP, Vox y Junts, dejando en suspenso la propuesta de Yolanda Díaz. La ministra de Trabajo ha encajado la derrota parlamentaria asegurando que “no tira la toalla” y prometiendo nuevas vías, como el registro horario digital. Mientras tanto, en la calle, la respuesta no se ha hecho esperar. En Santander, bajo la lluvia, UGT y CCOO han reunido a cerca de medio millar de personas frente a la Delegación del Gobierno para mostrar su rechazo a la decisión del Congreso. Los sindicatos insisten en que esta reforma beneficiaría a 12 millones de trabajadores en España, unos 100.000 en Cantabria, y recuerdan que la jornada de 40 horas no se ha modificado desde 1983. Entre los asistentes estaba Ramón, un trabajador del sector del metal. Explicaba que su apoyo a la protesta nace de la experiencia diaria en un empleo exigente y repetitivo, donde los turnos largos son la norma. Para él, una reducción de jornada no solo es viable, sino necesaria. “Pues como afiliado y creyendo en que la jornada ahora tiene que ser mucho más efímera… mi apoyo hoy está condicionado a esta causa, claro, a ver si de alguna manera el Gobierno o los diferentes partidos se ponen de acuerdo y podemos empezar a rebajar la jornada laboral.” En su opinión, menos horas no equivalen a menos productividad, sino todo lo contrario. “Entendemos que sí, que se puede ser efectivo, se puede ser muy productivo… porque no por el hecho de estar más horas en el trabajo vas a ser más productivo.” El testimonio de Ramón refleja lo que muchos trabajadores sienten: que el debate no es solo una cuestión política, sino una oportunidad para mejorar la salud, la conciliación y la calidad de vida. Frente a estas reivindicaciones, las organizaciones empresariales lanzan una advertencia clara. Reducir la jornada sin tocar salarios supone incrementar el coste por hora trabajada, algo que puede poner en aprietos a pymes y sectores como la hostelería, el comercio o la industria auxiliar. Además, recuerdan que España arrastra un problema estructural de baja productividad, y temen que una medida general y rígida reste competitividad internacional. Por eso defienden que la reducción de jornada, si se da, debería negociarse por sectores o convenios colectivos, atendiendo a las particularidades de cada actividad, en lugar de imponerse de forma uniforme por ley. La votación en el Congreso deja en suspenso una de las banderas del Ministerio de Trabajo, pero el debate está lejos de cerrarse. Para los sindicatos, se trata de una cuestión de justicia social y de adaptar las condiciones laborales al siglo XXI. Para la patronal, la clave pasa por apostar antes por la productividad y la flexibilidad que por reducir horas de manera obligatoria. Entre tanto, voces como la de Ramón recuerdan que, al final, este debate afecta directamente al día a día de miles de personas en Cantabria. Personas que reclaman más tiempo para vivir y conciliar, y empresas que miran con preocupación el impacto económico. El pulso entre ambos mundos seguirá marcando la agenda en los próximos meses.