El ciberataque que sufrió el Ayuntamiento de Elche en la madrugada del pasado 24 de agosto -o al menos eso es lo que se plasmó en el decreto del alcalde, Pablo Ruz-, aunque los protocolos no se aplicaran hasta 31 horas después, ha puesto en evidencia muchísimas cosas y, desde luego, en pocos casos sale bien parada la Administración local. Entre otras cosas, por la lentitud con la que se mueve todo ahí dentro, o por la poca transparencia -más allá de las investigaciones- y la gestión de la comunicación, incluso con algunas versiones contradictorias que se han venido dando. Ahora la publicación en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) del anuncio por el que se somete a información pública, por un período de un mes, la cuarta fase del mapa estratégico del ruido de Elche, con el fin de que los interesados puedan consultar el documento y presentar alegaciones o sugerencias, así lo vuelve a atestiguar. Sobre todo porque, dado como está el Ayuntamiento, ese mapa de la contaminación acústica se queda en el aire por el momento con una sede electrónica caída aún.