Incertidumbre absoluta de las consecuencias efectivas sobre un arma de artillería que se encontraba ya en la fase de pruebas Defensa también cancela el anuncio del sistema de misiles anticarro Spike minutos después del embargo a Tel Aviv acordado en el último Consejo de Ministros A las 16.12 minutos del martes, el Ministerio de Defensa anuló formalmente el contrato del primer gran proyecto armamentístico que nace en Córdoba al calor de la Base Logística del Ejército de Tierra. El acuerdo de suministro del Sistema de Lanzacohetes de Alta Movilidad (SILAM), cifrado en 697 millones de euros, quedó nominalmente suspendido sobre el papel, instantes después de que el Consejo de Ministros aprobara un paquete de medidas contra el “genocidio de Gaza” y en “apoyo a la población palestina”. La primera de las nueve disposiciones gubernamentales anuncia la inminente promulgación de un real decreto para “consolidar jurídicamente” un embargo de armas a Israel, que, según el Ejecutivo, se aplica desde octubre de 2023, tras la invasión de Gaza en respuesta a los atentados de Hamás. La anulación del contrato del lanzacohetes SILAM no especifica las razones de la suspensión pero todo indica que se produce como consecuencia del bloqueo armamentístico decretado. También ha sido cancelado el contrato de suministro de 168 sistemas de misiles contra carro Spike LR2, valorado en 287 millones de euros. Aunque el Ejecutivo sostiene que suspendió todas las transacciones militares con Israel desde la invasión de Gaza, los datos oficiales de la Secretaría de Comercio lo desmienten. Entre febrero y mayo de este mismo año, España fue el país de la UE que más armas y municiones importó desde el país hebreo, tal como publicó elDiario.es. De hecho, los lanzacohetes SILAM están íntegramente basados en el modelo israelí PULS, un arma letal desarrollada por el gigante Elbit Systems y probada en combate contra los territorios ilegalmente ocupados en Gaza y Cisjordania, así como en Líbano. El contrato para la fabricación de 12 equipos lanzacohetes fue adjudicado por el Ministerio de Defensa a Escribano M&E y Expal dos meses después de la operación militar desplegada contra Gaza, que ha costado ya más de 63.000 muertos, la demolición del 85% de las viviendas y el desplazamiento forzado de casi dos millones de palestinos. Un lanzacohetes de fabricación israelí El acuerdo militar podría vulnerar los tratados internacionales de comercio de armas y las cláusulas éticas de la UE, que prohíben comprar o vender material bélico a países que violen gravemente los derechos humanos. También transgrede dos compromisos éticos suscritos en 2012 por el Ayuntamiento y la Universidad de Córdoba contra las “transferencias militares” con países que atenten contra el derecho internacional y humanitario. La fábrica de lanzacohetes se levanta sobre una parcela de 23.000 metros cuadrados del Parque Tecnológico de Córdoba, cuyo consejo de administración está formado, entre otros socios, por la Universidad, el Ayuntamiento, la Diputación y la Junta de Andalucía. Pese a todas estas prescripciones, denunciadas por el Centro Del à s de Estudios por la Paz y el grupo parlamentario Sumar, el proyecto militar ha seguido su curso. Escribano M&E incluso ultimaba el pasado mayo la adquisición de otras cuatro parcelas municipales para ampliar en 16.300 metros cuadrados la factoría de lanzacohetes. No es la primera vez que gravita la amenaza de suspensión sobre el proyecto SILAM por la presión de los socios de Gobierno ante el avance del genocidio palestino. En octubre de 2024, la titular de Defensa ya anunció públicamente la cancelación de todas las transacciones militares con Israel y la búsqueda de una alternativa tecnológica. Un año después, Escribano y Expal mantienen activa su producción de lanzacohetes en Córdoba. Tanto es así que el Ministerio de Defensa ultimaba los preparativos para probar los primeros equipos desarrollados por Escribano y Expal en Córdoba. Hace escasamente una semana el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial (INTA) anunció la adjudicación de los “ensayos en mar dentro del marco del proyecto SILAM” a la empresa UTEK. “Se hace necesario la realización de una serie de ensayos previos a los tiros de calificación, tanto en pantano como en el mar, donde se llevará a cabo el ejercicio real de tiro de cohetes”, indica la memoria justificativa del contrato. La adjudicación revela que los primeros equipos militares con tecnología israelí se encuentran en avanzado estado de fabricación. Defensa ya ultimaba los primeros ensayos del lanzacohetes SILAM La empresa adjudicataria UTEK se encargará de gestionar los permisos y el alquiler de una embarcación para un plazo de diez días de ensayos que se realizarán en el pantano de San Juan, en Madrid. También incluye asistencia técnica para tres ensayos que tendrán lugar en Mazagón (Huelva) y en la Base Naval de Cartagena, todos ellos entre septiembre y noviembre de este año. “Se requiere embarcación no tripulada, neumática, semirrígida e hichable para el apuntamiento de coordenadas fijas”, señala el informe técnico. El documento justifica la adjudicación a la firma UTEK por su “experiencia acreditada en operaciones para la Armada y la OTAN”. El calendario ya establecía que las primeras pruebas de fuego se iban a realizar a mediados de 2025 y la entrega de los grupos de artillería completos estaba prevista para dentro de dos años. El plazo de ejecución del contrato expira el 15 de diciembre de 2027, tal como figura en el acuerdo que ahora ha sido formalmente anulado por el Gobierno. Ni Escribano M&E ni Expal han contestado a las cuestiones planteadas por Cordópolis a través de un correo electrónico. Tampoco la oficina de comunicación del Ministerio de Defensa ha concretado en qué se materializa la anulación del contrato del programa SILAM. Hace tres meses, las mismas fuentes afirmaron a este periódico que el departamento estaba analizando cada uno de los proyectos para buscar las “soluciones más eficientes” a la desconexión tecnológica de las licencias israelíes. Y hasta hoy no hay noticias de ello.