El ensayo Cómo mueren las democracias se publicó en 2018 coincidiendo en España con el cambio de Gobierno tras la moción de censura. Caía Mariano Rajoy por corrupción para dar paso a la primera coalición post bipartidismo. La complejidad parlamentaria estaba asegurada. El ataque a esa nueva aritmética se usó desde el minuto cero para socavar la autoridad del gobierno. De esa semilla, el monstruo de hoy. La tesis de los autores del best seller apunta a cómo en plena tensión mundial con las autocracias, las democracias se corrompen por quienes golpean su tejido institucional hasta vaciarlo. Un síntoma claro es cuando los grandes partidos deciden desinstitucionalizarse. Pasan a no reconocer al adversario y convertirlo en enemigo, despojándole de autoridad y legitimidad. El arranque de curso del PP está escrito en ese ensayo. No es subir el tono, es construir una dialéctica pública corrosiva. "Al principio pensaba que eran cosas de Tellado. Pero son cosas de Javier de Andrés, a veces de Cuca, de Bendodo y del propio presidente. Es una estrategia que ha bendecido Feijóo", resumía el presidente del PNV Aitor Esteban en La Hora de La 1 antes de la primera sesión de control del curso. El otro síntoma de la descomposición es el combate entre poderes. Poder Judicial contra Poder Ejecutivo y viceversa. Se ha escrito mucho sobre lo inoportuno de que sea Pedro Sánchez, máxima autoridad del Ejecutivo, quien verbalice la verdad incontestable del "Hay jueces haciendo política". Pero se ha reflexionado mucho menos sobre cómo ese Poder Judicial tiene que hacerse cargo de sus propios abusos. La presidenta del CGPJ, Isabel Perelló, hizo su papel reprochando los señalamientos. Pero le faltó profundidad en la reflexión que debe liderar la máxima representante del órgano de los jueces. Perelló apela al sistema garantista de distintas instancias como blindaje de los abusos. Sin embargo, se ignora qué hacer con las causas que se construyen como artefacto político, destinadas a generar titulares más allá de la futura condena o absolución. Instrucciones de baja calidad que ni siquiera se conducen con ortodoxia. Por tanto, el espectáculo del exceso se retransmite como parte de la estrategia del juez. Si la legislatura dura, ¿quién duda de que Peinado sentará en el banquillo a Begoña Gómez y el fiscal general será condenado? En ninguno de los dos casos se puede escribir un titular que contenga pruebas y delitos. Hechos y encaje penal. Pero ahí están, con el destino escrito a ojos de todos. Sobre el silencio del CGPG, la apuesta sube. La fianza del juez Ángel Hurtado al fiscal general solo puede leerse en clave de provocación. Un alarde de impunidad y abuso de poder. Más allá de incluir un criterio declarado inconstitucional por “anticipar la pena”, 150.000 euros es una cantidad similar a la que se impuso a Luis Bárcenas o Francisco Correa, con una organización criminal y mordidas en paraísos fiscales a sus espaldas. Contrasta también con las fianzas irrisorias a los violadores de la Manada. 150.000 euros es un alarde más del ‘aquí mando yo’ y nadie me para. El silencio también delata el sesgo. A la celeridad del CGPJ con las críticas del ejecutivo, le sigue la falta de condena a las palabras de Isabel Díaz Ayuso o el cantante Nacho Cano. Éste denunció en horario de máxima audiencia un lawfare del Estado ejecutado por una jueza de Plaza de Castilla y no hay un solo reproche. La presidenta de la Comunidad de Madrid lo avala al día siguiente y tampoco hay crítica. Es más, denuncia que la instrucción a su pareja es otro complot judicial y el Poder Judicial no se da por aludido. Por eso es reprochable que la presidenta del CGPJ no sea más contundente con los excesos de sus colegas o sea más exigente en la denuncia de excesos sin base penal. Edmundo Rodríguez, portavoz de Jueces por la Democracia, la única asociación progresista, lo resume bien. “Hay una parte de la judicatura española que quiere volver al enfrentamiento entre poderes. Es indudable que existen procedimientos cuya única finalidad es ser munición del debate político. Y no siempre se atajan estos intentos”. Si Perelló es ajena a esta realidad, es víctima de la polarización de quien solo puede ver los excesos de una parte. El combate entre poderes para desgastar a un presidente tiene consecuencias impredecibles. El PP no está midiendo dónde acabarán tras pasar el punto de no retorno, frontera inadmisible de los extremos. Hoy Feijóo pedía el banquillo para Sánchez en la sesión de control, pero Vox ya ha pedido antes prisión para Pedro Sánchez. En ese terreno donde intenta ganar el PP, la ultraderecha siempre ha llegado antes. Por eso el precio de competir con Vox es demasiado alto para el propio PP.