Un total de 470 organizaciones de la sociedad civil europea, sindicatos y distintos grupos defensores del interés público han firmado una declaración denunciando el desmantelamiento de leyes que protegen derechos básicos de los ciudadanos como, entre otros, el derecho a la salud frente a los riesgos de las sustancias tóxicas. Numerosas normas o proyectos de leyes que iban a reducir la exposición de la población a peligrosas sustancias químicas están siendo revisados o cancelados.