La ley de derechos al final de la vida, tumbada por tercera vez en las Cortes

Tampoco a la tercera fue la vencida. La proposición de ley de derechos y garantías al final de la vida volvió a ser tumbada por los votos del PP, que se sumaron a los de Vox, quienes siempre se han mostrado contrarios al espíritu de esta norma, que consideran una eutanasia encubierta. En el caso de los populares, en el primer intento, bajo la firma de del procurador Francisco Igea, los populares votaron a favor de su toma en consideración y pasó por dos años de tramitación parlamentaria hasta que, justo antes de dar el salto al pleno, se torcieron las relaciones entre el entonces portavoz popular, Raúl de la Hoz, e Igea, y el PP rechazó el dictamen final. Después lo intentó el PSOE con el mismo texto pero incorporando sus enmiendas, razón que llevó a los populares a rechazarlo en el pasado curso político por considerar que tenía un claro «sesgo ideológico». Ayer, fue el procurador de Unidas Podemos, Pablo Fernández, el que volvió a la carga recuperando la proposición de Igea, pero tampoco en esta ocasión consiguió, al menos, arrancar con su tramitación y fue rechazada al sumar 44 votos en contra (PP, Vox y no adscritos) y 36 a favor (el resto de la oposición). La procuradora Paloma Vallejo defendió el voto en contra del PP a una iniciativa que «llega por tercera vez al parlamento», algo que calificó de «burda manipulación». Insistió en que «los derechos y deberes al final de la vida ya están recogidos en la legislación nacional y autonómica», advirtió otra vez del «sesgo ideológico» y se refirió a Pablo Fernández y Francisco Igea como «los últimos mohicanos» a los que animó a irse para que «dejen de burlarse del Parlamento». La oposición, salvo Vox, coincidió en la necesidad de una ley para garantizar que las personas «puedan morir con dignidad, sin sufrimiento y acompañadas». De momento no la habrá pero el tercero de los procuradores del Grupo Mixto, Pedro Pascual, del partido político Por Ávila, que siempre se ha mostrado a favor de esta iniciativa, se plantea volver a llevarla a las Cortes de Castilla y León, en este caso, con su firma.