La Audiencia Provincial de Badajoz abordará el próximo lunes los recursos de la Fiscalía y de los once investigados, entre ellos David Sánchez, hermano del presidente del Gobierno, contra el auto de procesamiento por su contratación en la Diputación pacense y en el que las acusaciones piden tres años de prisión. Dicho auto, firmado el pasado 28 de abril por la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, Beatriz Biedma, transformaba la instrucción del procedimiento -la investigación se inició en junio de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias- en procedimiento abreviado. En su auto de transformación, Biedma decidió procesar a David Sánchez, al entonces presidente de la Diputación de Badajoz y actual secretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, y a otras nueve personas más por los presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias. La Fiscalía y los letrados de los once investigados presentaron recursos al citado auto, los cuales serán abordados el 15 de septiembre por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Badajoz, formada por cuatro magistrados, entre ellos su titular, José Antonio Patrocinio. El recurso presentado por Emilio Cortés, abogado de David Sánchez, recoge que el proceso ha tenido "carácter político, instrumental y teleológico". A juicio del letrado, no existen indicios criminales contra su representado y señala que en el proceso "se han impuesto de una manera absolutamente inasumible los intereses de las acusaciones populares". Asimismo, la Fiscalía también pidió archivar el procedimiento al entender que no existen indicios de criminalidad que permitan atribuir la comisión de los citados delitos. "Es absurdo prolongar el proceso" que está "condenado al fracaso", expuso el Ministerio Público en su escrito de petición de revocación del auto de procesamiento, así como de sobreseimiento libre. Fuentes judiciales han explicado a EFE que el Tribunal, una vez delibere -el plazo no tiene por qué estar sujeto a una sola sesión- sobre los recursos, responderá a todos ellos en "una única resolución" cuya redacción exige varios días. Si su decisión es ratificar el auto de la titular del Juzgado de Instrucción 3 de Badajoz, el procedimiento derivaría en la celebración del juicio, el cual tendría lugar en la Audiencia Provincial. La acusación popular, que unifica a Manos Limpias, Vox, HazteOir, Liberum, Iustitia Europa, Abogados Cristianos y PP, ha pedido tres años de prisión por los delitos continuados de prevaricación en concurso con el de tráfico de influencias y de nombramiento ilegal. La Fiscalía ya solicitó archivar el procedimiento al entender que no existen indicios de criminalidad . Aunque Gallardo es diputado autonómico, lo que hubiera conllevado que el juicio fuera asumido por el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura (TSJEx) por su aforamiento, su acta de diputado se oficializó coincidiendo en fechas con el citado auto, un hecho que el propio TSJEx calificó de "fraude de ley", avalando así lo ya expresado por Beatriz Biedma. Para esta última, la adquisición de la condición de diputado autonómico de Gallardo y, por ende, su aforamiento, se acometió para intentar "eludir la competencia del juzgado de instrucción y de la Audiencia provincial". Si la deliberación de la Sección Primera es atender la exposición de motivos elevada por la Fiscalía y los once investigados contra el auto, quedaría rechazada la transformación de la instrucción en procedimiento abreviado.