A contrarreloj y con gestos incluso hacia el Partido Popular, Yolanda Díaz intentó evitar que su reforma estrella sobre la jornada laboral muriera en el Parlamento. Durante días, la vicepresidenta segunda del Gobierno y ministra de Trabajo desplegó una intensa ofensiva política para convencer a los grupos de la oposición de la importancia de admitir a trámite la ley que planteaba reducir la jornada laboral a 37,5 horas semanales sin pérdida de salario. La estrategia pasaba por abrir la puerta a negociaciones futuras sobre plazos y aplicación progresiva, con tal de impedir que la norma fuese rechazada de raíz. Pero nada de eso resultó efectivo: el pleno del Congreso rechazó la iniciativa tras prosperar las enmiendas a la totalidad presentadas por PP, Vox y Junts, que sumaron 178 votos frente a los 170 en contra, bloqueando el debate antes siquiera de comenzar. Para ser más precisos, tal y como apunta 'El Confidencial', el equipo de la vicepresidenta contactó con el grupo parlamentario popular a mediados de la semana pasada para tantear su posición y proponer una reunión de última hora. Sin embargo, pese a "toda la flexibilidad" que pusieron los magentas sobre la mesa, la respuesta de Génova fue tajante e hicieron saber que si la patronal no daba el visto bueno a la medida, ellos tampoco lo harían. El golpe político para Díaz es significativo. La reducción de la jornada se había convertido en uno de los símbolos de su gestión al frente del Ministerio de Trabajo, presentada como la gran reforma laboral de la legislatura tras el aumento del salario mínimo. La ministra defendía que la medida no solo mejoraría la calidad de vida de los trabajadores, sino que además podía favorecer la productividad y el reparto del empleo. En su intervención en el hemiciclo, acusó a quienes votaban en contra de situarse "del lado de quien está forrado" y de negar un debate que afecta a millones de personas. Desde la bancada popular, la respuesta fue tajante. El PP justificó su voto negativo en la falta de consenso social y empresarial, señalando que el Gobierno no había buscado un acuerdo real con la patronal y advirtiendo de que la reducción de la jornada generaría costes añadidos a las empresas, especialmente a las pymes. Vox se alineó con esta crítica, calificando la propuesta de "ataque a la libertad empresarial". Junts, por su parte, defendió su enmienda a la totalidad alegando que la norma no contemplaba suficientemente la diversidad del tejido productivo catalán ni la flexibilidad que requieren determinados sectores. El resultado dejó en evidencia las dificultades del Gobierno para articular mayorías estables en el Congreso. Pese a que Díaz buscó hasta el último momento tender puentes incluso con la oposición conservadora, la votación confirmó que el margen de maniobra es limitado y que la legislatura se enfrenta a un terreno empinado para aprobar reformas de calado. Tras el revés, la ministra de Trabajo aseguró que seguirá trabajando para reabrir el debate. "No vamos a desistir", afirmó, apelando a...