La jefa de la inspección tributaria en Madrid, Mercedes Urbano, que inició en mayo de 2022 la investigación sobre el empresario Alberto González Amador, la pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso, detalló el pasado marzo en un juzgado los indicios que le llevaron a denunciar el caso a la Fiscalía por fraude fiscal: "Se utilizan facturas falsas". Además, añadió que González Amador "hace la regularización cuando ya le han pillado". El País , la Cadena Ser y elDiario.es publican este jueves la declaración de dos horas y media de la inspectora que explicó ante la titular del Juzgado de Instrucción número 19 de Madrid, Inmaculada Iglesias, con argumentos técnicos, el caso por defraudar, presuntamente, 350.951 euros . La jefa de la inspección tributaria detalló ante la jueza el trabajo que realizó entre mayo de 2022 y enero de 2024, antes de que se conociera el caso. Durante ese año y medio examinó las declaraciones del impuesto de sociedades de 2020 y 2021 de las dos consultoras sanitarias de González Amador. Al comprobar que los hechos cumplían con los dos requisitos del delito de fraude fiscal —superaba los 120.000 euros defraudados por año y existía intención de delinquir— remitió a la Fiscalía el expediente de 187 páginas que incluía las 15 facturas que consideró falsas. "Aquí tenemos dos delitos en contra de la Hacienda Pública. Un primer delito del ejercicio 2020 por el que se acusa a la sociedad Maxwell Cremona de haber defraudado una cuota de 155.000 euros . Y un segundo delito en contra de la Hacienda Pública, igual por el Impuesto sobre Sociedades de 2021, al mismo obligado tributario, por un importe de 195.591 euros . Entendemos que hay dos delitos en contra de la Hacienda Pública, aunque los dos ejercicios están muy relacionados porque se están utilizando facturas falsas para reducir la cuota tributaria", explicó la inspectora según se recogen en los audios publicados. La jefa de la inspección tributaria también detalló los motivos por los que saltaron las alarmas en la Agencia Tributaria : los números de Maxwell Cremona no cuadraban. "Lo que detectamos es que había un incremento muy considerable de los ingresos en 2020 respecto de 2019. En concreto, tiene unos ingresos de 2,3 millones de euros, aproximadamente", explica la inspectora a la jueza al tiempo que detalla que "el hecho de que se incremente la facturación en una empresa no suele ser llamativo": "Lo que es llamativo es que baja la tributación, lo que no nos resulta lógico. Si tengo 375.000 euros de ingresos en 2019 y paso a 2,3 millones en 2020, pues tendré que incrementar la cuota tributaria. Y, por el contrario, nosotros verificamos que no ". En concreto, se trata de la justificación de varios trabajos con abultados ingresos : uno en México y otro en Costa de Marfil. En el país americano no encuentran el trabajo por el que la sociedad de González Amador había facturado supuestamente 620.000 euros en 2020. Y lo mismo sucede con el otro que era un encargo de una empresa por 900.000 euros. "Cuando hemos detectado esta irregularidad, es el momento en que el contribuyente reconoce que va a anular contable y fiscalmente esa factura. Una factura que ya estaba recogida en su contabilidad, que ya se la había deducido fiscalmente dentro de sus declaraciones. Entonces, vamos a decir, esta regularización, la hace cuando ya me ha pillado la Agencia Tributaria, cuando ya he necesitado procedimiento inspector [...]. Es cuando quiere un poco ajustar o arreglar su situación ", explica la jefa de la inspección tributaria. Uno de los abogados de González Amador aprovechó su interrogatorio para preguntarle a la inspectora sobre cuándo tiene conocimiento de que es la pareja de Ayuso . "Esto es un tema personal que yo no tengo por qué responder", responde la inspectora que repite esta idea ante las repreguntas del letrado. El mismo día que declaró esta inspectora de Hacienda, también declaró durante cuatro minutos otra inspectora que fue la encargada de redactar el informe jurídico tras las averiguaciones de la primera. El pasado 29 de mayo, la jueza dictó auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, equivalente a procesamiento, en el marco de la pieza principal. González Amador recurrió en reforma ante la jueza pero esta rechazó su recurso al sostener que los indicios contra él se basan en informes de la Agencia Tributaria y en una serie de documentos que "ponen de manifiesto la extensa y pormenorizada investigación llevada a cabo por peritos imparciales". A la vez, continúa investigado en una pieza separada por presunta corrupción en los negocios con Quirón Prevención , en la que las acusaciones que ejercen Más Madrid y el PSOE sospechan que pagó a la mujer de un directivo de esta empresa una comisión encubierta de 499.836 euros.