La Comunidad Valenciana ha dado un paso firme en la lucha contra las agresiones al personal sanitario. Con una modificación de la Ley de Salud, la Generalitat establece por primera vez un sistema específico de infracciones y sanciones administrativas que permitirá a los órganos competentes imponer multas sin necesidad de acudir a la vía judicial, lo que agilizará la protección de médicos, enfermeros y demás profesionales del sistema público. La directora general de personal, Amparo Pinazo, explicó en Herrera en COPE Comunidad Valenciana que el nuevo marco normativo contempla sanciones que van desde los 500 euros hasta los 60.000 euros, en función de la gravedad de la infracción: “Las leves conllevan multas de 500 a 5.000 euros; las graves, de 5.000 a 15.000; y las muy graves, de 15.000 a 60.000 euros”. Entre las novedades destaca la consideración de los insultos, incluso en redes sociales o medios digitales, como falta grave. También se sancionarán las amenazas, injurias, agresiones verbales y conductas violentas aunque se produzcan fuera del centro de trabajo, siempre que estén vinculadas a la actividad profesional. Pinazo lo resumió con contundencia: “No vamos a permitir la más mínima falta de respeto. Incluso pinchar las ruedas del coche a un médico o dañar su vehículo será sancionable”. La Comunidad Valenciana se convierte así en la cuarta autonomía en implantar un marco normativo propio frente a estas agresiones, tras Castilla-La Mancha, Castilla y León y Navarra. La gran novedad de esta reforma es que se elimina la necesidad de acudir a la vía judicial para sancionar las agresiones al personal sanitario, ya que la propia administración podrá imponer sanciones económicas de manera directa y rápida. Con este sistema específico de infracciones y sanciones, que va desde los daños al mobiliario hasta las agresiones físicas o verbales, incluidos insultos en redes sociales. Los datos justifican la medida. En 2024 se notificaron 1.356 agresiones a personal sanitario en la Comunidad Valenciana, un 13,7% más que en 2023. De ellas, 221 fueron físicas y 1.135 verbales. El 57% de los casos se concentró en atención primaria, mientras que en hospitales y centros de especialidades las agresiones crecieron un 27% respecto al año anterior. Sanidad insiste en su política de “tolerancia cero” y en la importancia de que los profesionales denuncien. “Queremos sensibilizar a los médicos y enfermeros para que no dejen pasar ni los insultos ni las amenazas, ahora ya tipificadas como graves”, remarcó Pinazo. El texto legal también introduce la posibilidad de que un sanitario renuncie a atender a un paciente agresor, siempre que no suponga una desatención, e incluso se podrá reasignar a ese paciente a otro profesional o centro. Desde el Colegio Oficial de Médicos de la Comunidad Valenciana, la valoración es positiva. Su vicepresidente, Pedro Ibor, subrayó que el cambio supone un avance muy esperado: “Todo lo que sea facilitar que haya una repercusión sobre esa agresión es muy positivo. El que agrede tiene que tener una penalización, y si el procedimiento se acorta, mejor aún”. Ibor destacó especialmente la importancia de que los insultos y amenazas pasen a ser considerados graves: “Un grito en la consulta, una amenaza verbal, hasta ahora eran leves porque no había violencia física. Ahora pasan a ser graves, y eso es muy importante”. También puso el foco en la actividad en redes sociales, donde proliferan los ataques contra profesionales sanitarios: “Parece que hay licencia para insultar en Internet, incluso a familiares de los médicos. Que eso tenga una repercusión es fundamental”. La reforma llega acompañada de la campaña “Agredirles es delito”, con la que Sanidad busca sensibilizar a la población y reforzar el respeto hacia quienes trabajan en el sistema sanitario. El mensaje es claro: agredir a un médico o enfermero, ya sea con golpes, gritos, amenazas o insultos digitales, no saldrá gratis. Con esta iniciativa, la Generalitat Valenciana pretende no solo proteger a sus profesionales, sino también dar un mensaje ejemplarizante a los agresores: las faltas de respeto ya no quedarán impunes y podrán costar hasta 60.000 euros.