El Juzgado de Instrucción ha rechazado la petición urgente de la Consejería de Educación de la Junta de Extremadura, que pretendía obligar a seis empresas de transporte a seguir prestando el servicio de rutas escolares. La Junta había denunciado a las compañías por supuestos delitos relacionados con la alteración de precios en concursos públicos, desabastecimiento de un servicio esencial y coacciones. La denuncia, presentada el 9 de septiembre de 2025 por la consejera Mercedes Vaquera, señalaba que las empresas habían actuado de manera coordinada para forzar una subida de precios en el transporte escolar, dejando sin cubrir cientos de rutas que afectan directamente al derecho a la educación de miles de alumnos. La administración autonómica reclamaba que, como medida urgente, se obligara a estas compañías —que ya habían prestado el servicio en cursos anteriores— a reanudar de inmediato el transporte escolar. En su auto, fechado el 11 de septiembre de 2025, el juzgado considera que no existen indicios suficientes de criminalidad en esta fase inicial de la investigación para imponer una medida tan excepcional.  Además, señala tres motivos clave para la denegación: Falta de pruebas sólidas: los hechos relatados por la Junta se basan en “conjeturas” que deberán aclararse en la fase de instrucción. Desproporción de la medida: no es razonable obligar a las empresas denunciadas a prestar un servicio para el que no son adjudicatarias en la actualidad.Existen alternativas: la administración puede recurrir a otros mecanismos legales y administrativos para garantizar el transporte escolar, sin depender de la medida solicitada. El procedimiento sigue abierto como diligencias previas. El juzgado analizará si, como sostiene la Junta, existió un pacto entre empresas para dejar rutas desiertas y provocar un aumento de precios en sucesivas licitaciones. Según los documentos aportados, tras varias subidas, el coste de las rutas aumentó entre marzo y septiembre de 2025, en algunos casos de manera significativa. Por ahora, la medida cautelar queda descartada. La resolución aclara que puede ser recurrida en apelación ante la Audiencia Provincial. Mientras tanto, la Consejería deberá buscar otras fórmulas para asegurar que los alumnos afectados dispongan de transporte escolar.