El PSOE y Hacemos Córdoba han intentado este jueves seguir dando recorrido político al incendio sufrido por la Mezquita-Catedral de Córdoba el 8 de agosto, resucitando la demanda de que el Ayuntamiento pelee por la titularidad pública del monumento. Más allá de que el Pleno haya tumbado la moción de las fuerzas izquierdas que planteaba activar esta vía, con los votos del PP (tiene mayoría absoluta) y Vox, se trataba de explorar una opción que ya descartó el propio Consistorio cuando lo dirigía el PSOE. El portavoz del gobierno municipal y edil de Presidencia y de Urbanismo, Miguel Ángel Torrico, ha avanzado que a la próxima Junta de Gobierno Local , de este lunes, se llevará «la creación, en aras a seguir mejorando, la constitución de un organo de coordinación en el que participen la Junta y Ministerio de Cultura , que son las instituciones tutelantes y de interlocución con la Unesco [la entidad que concede los títulos de Patrimonio de la Humanidad, como el que ostenta este edificio]». «Se incluirá en la aprobación definitiva del Plan de Gestión del Casco [documento municipal que ordenará la zona Patrimonio de la Humanidad]», ha asegurado. De vuelta a la propiedad pública , hay que recordar que en el mandato 2015/2019, con la socialista Isabel Ambrosio ostentando la Alcaldía y dirigiendo un cogobierno con IU -apoyado por Ganemos -las siglas que aglutinaban al resto de la izquierda alternativa-, el Ayuntamiento ya se planteó iniciar una batalla por lograrla. Creó un comité de expertos que elaboró un informe para avalar sus tesis. Pero aquel equipo rector de Capitulares se dio de bruces con la realidad . La primera edil encargó un análisis a la Asesoría Jurídica municipal de las posibilidades que tendría el gobierno municipal de lograr en los juzgados la propiedad pública de este bien histórico. El documento, firmado por la entonces letrada jefe, Mercedes Mayo, era rotundo: que el Consistorio que no fuera a los tribunales. De hecho, advertía de que lo único que iba a conseguir Capitulares era una condena en costas. La postura de la Asesoría Jurídica, plasmada en una treintena de páginas, era contundente. Ofrecía varias razones para rechazar que el Consistorio litigara por la Mezquita-Catedral . No en vano, ningún intento de atacar la propiedad de la Iglesia, que hunde sus raíces en el siglo XIII-cuando se produce la donación por parte de Fernando III el Santo tras la reconquista de la capital- ha surtido el más mínimo efecto.