Las dos autoridades han sido condenadas por prevaricación a nueve años de inhabilitación para cargos públicospor infringir la Ley de Extranjería y la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas. Testigos del juicio por la devolución ilegal de menores migrantes desde Ceuta: “Se hizo previa orden del ministro del Interior, que es juez” La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha condenado este jueves por prevaricación a la exdelegada del Gobierno en la ciudad autónoma, Salvadora Mateos, y a la exvicepresidenta del Gobierno ceutí, Mabel Deu, por la repatriación ilegal de 55 menores a Marruecos en agosto de 2021, operativo que fue defendido por el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska. Las dos exrepresentantes públicas han sido condenadas a nueve años de inhabilitación para cargos públicos, así como para el ejercicio de funciones de Gobierno. Los magistrados han considerado que ambas autoridades incumplieron la Ley de Extranjería y la Convención de los Derechos del Niño de las Naciones Unidas durante la operación de retorno que entregó a un total de 55 menores a Marruecos sin realizar ninguno de los trámites administrativos recogidos en la normativa en vigor. Tras una instrucción de cuatro años, la exdelegada del Gobierno en la ciudad, Salvadora Mateos, y la que fuera vicepresidenta local, Mabel Deu, fueron las únicas acusadas durante el juicio celebrado durante el pasado mes de julio. En un primer momento, la Fiscalía había solicitado inicialmente una condena de doce años de inhabilitación para las dos acusadas mientras que la acusación particular - ejercida por la Red Española de Inmigración y la asociación L'Escola- pedía una pena de 15 años. La Audiencia también ha dictado la pérdida de honor de los cargos que ocupaban ambas acusadas, además del pago de las costas del juicio a partes iguales. Los hechos se remontan a la entrada de migrantes que vivió la localidad en mayo de 2021. Entonces miles de personas procedentes de Marruecos y países subsaharianos sortearon la valla y se adentraron en la localidad, en la que se desplegó a militares y policías para tratar de frenarles. Meses después, en agosto de ese mismo año, el Gobierno central y el regional impulsaron una operación para devolver a los menores sin cumplir con los requisitos exigidos en la normativa española. Esgrimiendo un acuerdo hispano-marroquí de repatriación -que tampoco cumplía-, las autoridades locales, siempre rodeadas de los representantes del Gobierno de España en la ciudad, llegaron a enviar al país vecino a hasta 55 chavales que no alcanzaban la mayoría de edad; y se pretendía seguir este procedimiento con hasta 145 personas, algunas sin identificar, según lo expuesto este martes en sala por los testigos.