El Ministerio de Transición Ecológica ha publicado este jueves su propuesta de nueva Estrategia Nacional contra la Pobreza Energética 2026-2030, que llega con un año de retraso. Las principales ayudas a las familias vulnerables, el bono social eléctrico y térmico, se quedan por ahora como estaban , pero se quiere agilizar su concesión porque ahora solo lo reciben uno de cada cuatro potenciales beneficiarios. El Gobierno estima que a cierre de 2024 alrededor del 15% de la población vive en pobreza energética (2,9 millones de hogares) , pero quiere mejorar la información que tiene de este colectivo y creará para ello el Observatorio sobre Pobreza Energética. La estrategia tiene ahora que ser consensuada con las organizaciones sociales y echará a rodar antes de 2026. Será una continuación de la estrategia 2019-2024, pero tratará de corregir algunas de sus grandes carencias. Una de las medidas más criticadas es que millones de los hogares más pobres no conocen los bonos energéticos –que cubren hasta el 50% de la factura de la luz y hasta 397 euros al año en gas– o no son capaces de rellenar el papeleo. El ministerio prometió en el pasado desarrollar un sistema de concesión automática que ha sido imposible de implementar, y ahora aboga por buscar fórmulas más realistas que se discutirán en los próximos meses. Según un estudio de Esade, en 2022 solo el 24,5% de las familias que cumplen con los requisitos , recibieron las dos ayudas. El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) está realizando un seguimiento de 400 hogares con pobreza energética, y menos de la mitad recibía los bonos al inicio del proyecto . En todo caso, los beneficiarios de la ayuda eléctrica han crecido en 400.000 en seis años, hasta los 1,6 millones. Otro de los frentes que quiere abordar la ministra Sara Aagesen es el abuso que ejercen las compañías eléctricas sobre los consumidores vulnerables , como las llamadas en frío en las que ofrecen supuestas ofertas que sacan al cliente de la tarifa regulada –la necesaria para acceder al bono social– con la promesa de ahorrarles dinero. Para solucionarlo, el Gobierno va a prohibir cualquier llamada no solicitada de una empresa eléctrica a partir de 2026 . La Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) ya había solicitado esta medida. En relación con estos abusos, el Gobierno también quiere acabar con las facturas sorpresa en las que, por un error de la compañía, se reclaman cantidades excesivas al cliente. Por ejemplo, si una persona no recibe facturas durante meses y le llegan todas de golpe, o si por un fallo en el contador se exigen pagos de hace meses. Entre las soluciones propuestas, se exigirá que el pago se fraccione en el tiempo o que caduque si corresponde a periodos de más de un año. El Gobierno también prepara cambios profundos sobre la prohibición actual de los cortes de luz, gas y agua a personas en riesgo. En este momento, ningún cliente considerado vulnerable, vulnerable severo o atendido por los servicios sociales puede ser dado de baja por impago, pero tras cuatro años de excepción, los técnicos del ministerio reconocen que este sistema no es sostenible . El ministerio quiere desarrollar una ley que proteja de estos cortes a las familias con problemas económicos y a los enfermos que necesiten acceso a la luz mediante "mecanismos efectivos basados en el principio de la precaución", pero sin abrir la veda a más de un millón de potenciales morosos , como en la actualidad. Por ahora no tiene claro cómo hará esa criba, pero quiere tener lista una alternativa a corto plazo. La razón de este cambio es que algunos hogares simplemente han dejado de pagar por completo y han acumulado deudas astronómicas que alguien tendrá que abonar algún día. El segundo motivo es que hay familias con ingresos medios y altos que han aprovechado para ahorrarse las facturas porque están en uno de estos tres grupos, ya que hay excepciones como familias numerosas, monoparentales o personas con discapacidad que pueden acceder a estas casillas con requisitos económicos más laxos.